Abre la puerta a que afecte a empresas que no forman parte de grupos

Hacienda baraja extender el límite a la deducción del gasto financiero

La reforma del impuesto sobre sociedades aprobada recientemente por el Gobierno limitó la posibilidad de deducir los gastos financieros para las empresas que forman parte de un grupo mercantil. Sin embargo, Hacienda baraja que esta medida pueda extenderse a todas las compañías.

La amnistía fiscal ha dejado en un segundo plano la profunda reforma del impuesto sobre sociedades aprobada en marzo por el Gobierno a través de un real decreto que encarecerá sensiblemente la factura tributaria que abonan las empresas. Por primera vez, se limita la deducibilidad del gasto financiero al 30% del beneficio operativo. Hasta ahora, no existía ninguna restricción. Ello suponía un incentivo al endeudamiento empresarial y es uno de los motivos que explica por qué las empresas españolas están tan apalancadas.

La nueva restricción a la deducción de los gastos financieros se limita a los grupos empresariales y no afecta a las entidades financieras. Sin embargo, la subdirectora general de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, Begoña García-Rozado, no descarta que la medida pueda ampliarse al conjunto de las empresas. En unas jornadas sobre fiscalidad organizadas por PwC y la Asociación para el Progreso de la Dirección, García-Rozado aseguró que el real decreto ha recibido críticas por limitar la deducción de los gastos financieros solo a las empresas que forman parte de un grupo. Y cuando le preguntaron si se ampliaría esta restricción al conjunto del tejido empresarial, García-Rozado optó por la cautela. "No puedo decir ni que sí ni que no". En cualquier caso, en Hacienda sí que se ha barajado esta posibilidad que, en caso de adoptarse, se aplicaría a partir del próximo ejercicio.

El nuevo tratamiento fiscal a los gastos financieros está provocando una elevada incertidumbre en las empresas. Hacienda publicará antes del verano una resolución para aclarar conceptos. En cualquier caso, las modificaciones en el impuesto sobre sociedades ha originado cierto malestar entre las empresas que, en un momento de falta de liquidez y problemas para acceder al crédito, observan cómo como su factura tributaria se encarece.

"Hemos visto el asombro y la incredulidad en la cara de nuestros clientes cuando les explicamos la reforma", señala Lourdes Pérez-Luque, socia de Salans Abogados. La experta fiscal critica también que el límite para deducir los gastos financieros afecte a créditos que se concedieron con anterioridad a la nueva restricción.

En este sentido, la crítica de los asesores es generalizada y advierten que las nuevas medidas tributarias en el impuesto sobre sociedades amenazan la supervivencia de muchas empresas. Además de fijar un límite a la deducción de los gastos financieros, el Ejecutivo también ha eliminado la libertad de amortización para las grandes empresas, un beneficio fiscal aprobado por el anterior Gobierno y que permitió a las empresas ahorrarse 500 millones el ejercicio anterior.

Para los ejercicios fiscales de 2012 y 2013, también se incrementan los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades de las grandes empresas. Ello equivale a adelantar liquidez a las arcas públicas. Además, se reducen buena parte de las deducciones y beneficios tributarios que contempla el impuesto.

El objetivo del Gobierno es recaudar 5.350 millones adicionales con estas medidas y elevar el tipo efectivo en el impuesto sobre sociedades que aplican las grandes compañías.

La reforma que no se atrevió a aplicar Salgado

La exvicepresidenta económica Elena Salgado ha reconocido en privado que uno de sus errores fue no reformar el impuesto sobre sociedades, cuya recaudación ha caído un 63% en los últimos cuatro años. De hecho, las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, como el límite a la deducibilidad de los gastos financieros o la reducción de los beneficios fiscales, ya se incluían en informes que estuvieron encima de la mesa del anterior Ejecutivo y que, sin embargo, nunca llegaron a plasmarse en una ley.

El impuesto sobre sociedades es, en teoría, un tributo progresivo, ya que el tipo impositivo para las pymes es del 25% frente al 30% de las grandes empresas. Sin embargo, la multitud de deducciones y beneficios que contempla la legislación provoca que, en la práctica, una multinacional tribute a un gravamen efectivo inferior al de una pequeña empresa. El Gobierno ha reconocido que las reformas en el impuesto sobre sociedades persiguen -además de elevar la recaudación- incrementar el tipo efectivo que pagan las grandes empresas. De hecho, las compañías con ingresos superiores a 1.000 millones de euros aplican un gravamen del 15%. Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que el tipo efectivo en el caso de empresas del Ibex 35 todavía es menor.

En este sentido, Hacienda asegura que muchas compañías han generado "gastos financieros artificiosos" con el mero objetivo de reducir su factura tributaria. Por ello, se ha retirado este incentivo fiscal en el caso de operaciones entre empresas de un mismo grupo, salvo que "existan motivos económicos válidos". Los asesores fiscales aseguran que ese término resulta muy subjetivo y auguran un elevada litigiosidad.