Recuperar el prestigio de una institución histórica
El nuevo gobernador del Banco de España lidiará con una dura crisis bajo la herencia de sus predecesores.
Para saber cuál era la dimensión de la crisis financiera, en los primeros días de mi estancia en el Banco de España hablé con el consejo ejecutivo del banco y pedimos un informe a la inspección. Este informe (...) ha estado encima de mi mesa en los siete años en que he sido gobernador del Banco de España", recordaba José Ramón Álvarez Rendueles al final de su mandato, que comenzó en 1978. Entonces, como lo hará otro ahora, un nuevo gobernador accedió al cargo en medio de una convulsa crisis financiera. Aquella, "la mayor crisis bancaria de Occidente" en palabras de Álvarez Rendueles, se saldó con la intervención de 51 de las 110 entidades que operaban en el país y la creación de instrumentos tan básicos hoy día como el Fondo de Garantía de Depósitos. El nuevo heredero se sentará en la silla del supervisor ante un panorama no más alentador: cuatro entidades intervenidas, la incógnita de cómo recapitalizar los bancos con problemas, una sombra de desprestigio sobre la institución, mucha incertidumbre y los aciertos y errores de sus predecesores a las espaldas. A una semana de la precipitada salida de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el nombre del elegido aún es objeto de debate.
La elección no es fácil. El nuevo gobernador resultará clave tanto para el devenir del sector como para el del propio organismo. El Ejecutivo, además, busca una figura de consenso, tradición rota con la designación del último. Desde hace semanas, las quinielas del sector señalaban a Luis María Linde, un hombre de la confianza del Ministro de Economía, Luis de Guindos, que además ha sido nombrado recientemente consejero del Banco de España. Una buena conexión con Economía sería clave para restaurar una reestructuración coordinada del sector. Después de todo, el anuncio de Ordóñez de que adelantaba un mes su salida -prevista en principio para julio- tiene mucho que ver con sus desavenencias con el Ejecutivo.
En los últimos días, sin embargo, ha resurgido con fuerza el nombre de José Manuel González-Páramo, que acaba de dejar su silla en el consejo del Banco Central Europeo, y ya sonó como futurible tiempo atrás. El nombramiento de González-Páramo supondría una suerte de mensaje a los mercados al tratarse de una figura de renombre internacional. También supondría la apuesta por un gobernador más independiente del Ejecutivo y autónomo en sus decisiones.
Una papeleta difícil, para cualquiera que termine siendo designado, en vista de que buena parte del papel de supervisor que corresponde a Banco de España será desarrollada en los próximos meses por las valoradoras independientes Oliver Wyman y Rolan Berger y, al menos, tres auditoras privadas. La posibilidad, cada vez más alentada desde Bruselas, de que el fondo de rescate bancario europeo se encargue de recapitalizar el sector supondría, en paralelo, una mayor cesión de poder a la Comisión Europea y el BCE.
"Uno de los grandes retos será restaurar el prestigio" de la institución, resume el catedrático de Economía de la Universidad de Granada Santiago Carbó que recuerda la buena reputación "económica y estadística" que ha logrado el Banco de España en su andadura.
Una historia, no exenta de sombras, que terminó por conferir fama mundial a la institución que hacía gala de garantizar uno de los sectores financieros más solventes del mundo. Un prestigio que tardó siglos en adquirir y que ha sido puesto en tela de juicio en cuestión de meses. El Banco Nacional San Carlos, fundado el 2 de junio de 1782 por el rey Carlos III, no obtuvo la denominación de Banco de España hasta 1856 y, de hecho, no dejó de ser una sociedad privada hasta los años sesenta. Su consolidación como institución equiparable al modelo de banco central occidental fue un viaje que llevó desde el nacimiento de la Democracia hasta mediados de los años noventa. Una andadura que impulsó Álvarez Rendueles y fue continuada por el que había sido su subgobernador, Mariano Rubio.
Una etapa, la de Rubio, que se vio empañada por su implicación en el caso Ibercorp, una investigación de estafa alrededor de la entidad con dicho nombre, que derivó en su dimisión del cargo en 1992 y su posterior ingreso en prisión durante 15 días. El gobernador también fue duramente criticado en algunos foros del sector que le acusaban de ejercer una intervención excesivamente personalista sobre las operaciones corporativas, como cuando apostó por la compra de Banesto por parte de Banco de Bilbao que terminó frustrada. Sonados fueron sus enfrentamientos con el responsable de la primera entidad, Mario Conde, o con José María Ruiz Mateos, durante la gestión de las entidades financieras pertenecientes a Rumasa. El mandato de Rubio, sin embargo, conllevó algunas decisiones de importancia, como el fomento de la concentración de entidades para conformar grupos de mayor peso o, sobre todo, la limitación del crecimiento de la concesión del crédito a un 10% anual, aprobada en 1990, como herramienta para evitar burbujas financieras.
Quizás el momento de mayor brillo del Banco de España llegara durante el mandato de Luis Ángel Rojo (1992-2000). "El profesor", como se le conocía en los círculos económicos, fue el ingeniero de las provisiones anticíclicas, un seguro muy criticado en su día por el sector pero alabado e imitado internacionalmente con el tiempo. Rojo también fue el encargado de terminar de modernizar el organismo durante la carrera de España hacia el euro, con una ley de Autonomía que lo convirtió en lo que es hoy. Bajo su mandato se fraguaron, también, las grandes fusiones bancarias, la de Santander con Central Hispano y la de BBV con Argentaria, o la intervención pública de Banesto, en 1993.
Se encargó de sucederle Jaime Caruana, cuyo mayor logro fue reforzar las exigencias de solvencia y provisiones que ya dibujara Rojo. La labor de Caruana, sin grandes éxitos ni fracasos, fue criticada por la asociación de inspectores del Banco de España en el momento de su marcha. Mediante una nota remitida al Ministerio de Economía, se denunció "el insostenible crecimiento del crédito bancario en España durante los años" de su mandato.
Una escalada que prosiguió hasta su cenit, en 2008, cuando el crédito concedido alcanzó 1,869 billones de euros. Unas cifras que explican buena parte del boom inmobiliario y del sobreendeudamiento con el que el país recibió la crisis financiera internacional. Para entonces, sin embargo, el gobernador era ya Fernández Ordóñez, que pese a sus advertencias, tampoco impuso límites a dicha situación. Una eterna guerra, de otra parte, entre el regulador y el sector, en un difícil equilibrio para controlar los riesgos sin ahogar el negocio. La fuerte politización de las cajas de ahorros, que venían costeando las promesas electorales de algunos de sus gestores, no ayudó en nada. Arrollado por la ola de desconfianza de los mercados, Ordóñez fue el encargado de modernizar las cajas -mediante su conversión en bancos- y de obligar el sector a limpiar sus balances de ladrillo. Un trabajo a medio hacer, en el que el gobernador se ha visto desautorizado por los errores demostrados y el mayor protagonismo cobrado por Economía y sus recientes reformas. Una delicada herencia para su inminente sucesor.