El futuro de la colaboración público-privada
En estos días, la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide) y la Fundación Ramón Areces han celebrado unas jornadas bajo el título de El futuro de la colaboración del sector privado con el sector público. Se trata de un tema de gran actualidad, pues el escenario en el que se desarrollan las relaciones entre el sector público y el privado en nuestro país está experimentando importantes cambios, de los que yo destacaría tres. En primer lugar, la irrupción a nivel global de nuevos países y regiones con una clara vocación competitiva que trastoca las reglas actuales de la economía y el mercado. En segundo lugar, la incertidumbre sobre la capacidad del sector público en los países europeos. Y, por último, la situación específica de España, donde se combina un sector público con problemas y un sector privado que ha perdido parte de su competitividad.
Estos tres factores juntos -los nuevos retos de la economía del siglo XXI, la crisis del sector público europeo y algunas disfunciones que arrastra la economía española- hacen necesario repensar en profundidad la relación entre lo público y lo privado, redefiniendo los papeles. Esta nueva definición pasa por ir un paso más allá de la visión de lo privado como mero sustituto de funciones de lo público, o viceversa, y por incorporar la búsqueda de resultados como elemento de gestión en el sector público.
Pese a los esfuerzos crediticios hechos por el sector público en los últimos años, el sector privado sigue arrastrando idénticos problemas y, a cambio, las cuentas públicas europeas se han desangrado, lo que paradójicamente ha repercutido en problemas de liquidez al sector privado. El sobredimensionamiento del sector público en nuestras sociedades ha acabado arrastrando a un sector privado excesivamente ligado y dependiente de aquel.
El impulso público del sector privado de la defensa ha proporcionado éxitos ciertos. Pero también ha generado una situación de doble cautividad: la política de defensa corre peligro de derivar hacia la sola política industrial o de empleo, olvidando su objetivo fundamental, que es garantizar los medios materiales para la defensa nacional; y, a su vez, el sector privado acaba dependiendo para su supervivencia de un único cliente y de sus circunstancias. Basta -como hemos podido constatar- que las finanzas públicas entren en crisis para que arrastren con ellas al sector privado.
A modo de ejemplo, de donde se puede mejorar, Defensa cuenta con 130 órganos de contratación distribuidos en estructuras separadas. Parece evidente que necesitamos una gestión más integral, ordenada y racional de las necesidades. Necesitamos mecanismos para gestionar unos contratos que se caracterizan por su complejidad y multidisciplinariedad. Mecanismos que son ya habituales en el sector privado y de los cuales podemos y debemos hacernos partícipes los que tenemos una responsabilidad pública. Desde la Secretaría de Estado de Defensa estamos dando algunos pasos en este sentido. La Dirección General de Asuntos Económicos está incluyendo el análisis de rentabilidad y riesgos o el cálculo de las tasas de retorno en sus valoraciones, convirtiéndose así en un actor más exigente y transparente en la gestión de los contratos.
Partiendo de la premisa de que algunos recursos públicos están desaprovechados, ¿pueden estos recursos representar una oportunidad de negocio para el sector privado? La respuesta es afirmativa. En Defensa, disponemos de instalaciones de alto componente tecnológico o logístico que, adecuadamente gestionadas mediante acuerdos de colaboración con empresas que exploten todas sus capacidades, podrían dar beneficios a las Fuerzas Armadas y al sector privado.
Otros países han iniciado ya este camino. Un camino en que las empresas privadas y la Administración trabajan codo con codo para proveer servicios necesarios para el sostenimiento de la defensa, y en el que las Fuerzas Armadas se han beneficiado de la incorporación elementos propios del sector privado, como la búsqueda de resultados y la dirección por objetivos, en la gestión de sus infraestructuras y servicios.
Pero el sector privado debe entender que sin riesgo no hay beneficio: la búsqueda de resultados y la creación de valor implican la asunción de riesgos. Es aquí, en retos concretos, donde la complementariedad muestra su verdadero valor. Se abre aquí una nueva posibilidad de colaboración en un sentido más fértil que la simple relación contractual. La posibilidad de una auténtica colaboración que combine la racionalidad de la gestión privada con el fin de mejorar la eficacia y el rendimiento de los recursos públicos.
Pedro Argüelles. Secretario de Estado de Defensa