Ayudas públicas y transparencia
España se arrepiente como país de haber retrasado hasta ahora la reforma de su sistema financiero. La autocomplacencia manifestada por autoridades gubernamentales, supervisoras y bancarias cuando en 2008 y 2009 todos los países del mundo ajustaban el riesgo de sus bancos está pasando una doble factura. En primer lugar, por haber extendido el aserto de que las instituciones que formaban el sistema financiero español eran las más sanas del mundo, además de ser las más rentables y eficientes, cuando ha resultado leyenda fallida; y segundo, porque reconocer lo contrario tan tarde hace menos creíble el discurso y más cara la solución. Todos los países del mundo en los que ha existido una burbuja inmobiliaria incontrolada han terminado con su sistema financiero maltrecho, recapitalizado por los poderes públicos, y reestructurado para recuperar su utilidad. España no puede ser diferente, y no va a ser diferente.
Independientemente de la proyección exterior con mensajes contradictorios a medida que avanzan los meses, una reforma tardía es mucho más cara que una transformación quirúrgica y rápida. Pero el precio más alto no lo será tanto por el coste para el presupuesto como por la demora en la recomposición de la economía y el sacrificio en crecimiento, en riqueza y en empleo. Pero esto es lo que hay, y aunque el Gobierno esté empeñado en que la realidad sobre el sistema financiero español es mejor que la percepción que de ella tienen los mercados, lo cierto es que es precisamente la composición que los financiadores de la economía española hagan la que cuenta para determinar cuándo, cuánto y a qué precio proporcionará recursos a la economía para refinanciar su deuda y disponer de crédito nuevo.
Y precisamente en su nombre dos valoradores internacionales y tres auditoras dictaminarán los riesgos reales de todo el sistema financiero español, con el apoyo de Economía, el BCE y el Banco de España. Con este examen, la banca española, que también cuenta con algunos de los mejores bancos del mundo, se ha sometido a dos detallados exámenes de riesgo realizados en España y Europa, dos recapitalizaciones, dos programas de provisionamiento contra pérdidas, además de haber experimentado por el camino, y en parte como consecuencia de todos esos filtros, un proceso de concentración desconocido en tan poco tiempo, sobre todo por parte de las cajas de ahorros, de las que ni el nombre quedará tras esta crisis.
El riesgo inmobiliario está suficientemente cubierto con las provisiones fijadas por el Gobierno en febrero y mayo, con una exigencia de más de 80.000 millones de euros, que ha hecho saltar acontecimientos como la intervención de Bankia, cuyo saneamiento se eleva a 23.465 millones. Pero la lupa se pondrá ahora en el resto del crédito privado y en su riesgo de impago. El de consumo, el hipotecario, el de pymes o el corporativo será pasado por el escáner de los valoradores, y la exigencia de provisión adicional puede ser una cantidad variable entre lo asumible por la banca y el Gobierno o lo solamente asumible por el fondo de rescate europeo. Sin más criterio que el ojo de buen cubero, las cantidades danzan por los corros de conversación del mundo de los negocios con una frivolidad impropia de la mesura que exige una economía como la española y su delicada situación en los mercados. De una manera o de otra, la banca española va a terminar siendo la más transparente del mundo.
Pero hay que admitir que el goteo de intervenciones que entre el supervisor y el Gobierno han tenido que hacer de entidades cada vez más voluminosas -ha nacionalizado balances por valor del 50% del PIB español, o el 30% del sistema bancario nacional-, con la destrucción de la que ha sido objeto la reputación del Banco de España, no es el mejor escenario para esperar buenas noticias. Aunque tampoco puede condicionar la realidad, bien diferente en España a otros países europeos en la forma de entender tanto el negocio bancario como la que los agentes privados de la economía tienen de cumplir con sus obligaciones. Con la valoración que se determine, la provisión que se fije y la financiación que se aporte, la banca española debe salir fortalecida de este ejercicio de transparencia que debe ser el último para recuperar la función de conectar ahorro e inversión para la que la banca se creó.