Argentina investigará posibles sobornos para no pagar nada a Repsol por YPF
Los abogados del Gobierno de Kirchner estudian dos vías para lograr que la expropiación de YPF resulte gratis: investigar la existencia de posibles sobornos, como ocurrió con la licitación de los DNI electrónicos que le fue revocada a Siemens, o lograr una condena por delito ecológico.
La gran habilidad de los abogados del Estado argentinos es reconocida en los tribunales de arbitraje internacional. Y es que, no en vano, el país andino es el que más demandas acumula en el mundo por expropiar empresas (casi medio centenar), la mitad de las cuales han terminado en condena. Fuentes jurídicas aseguran que, a la vista de los antecedentes, dos serán las vías judiciales que intentará el Gobierno de Kirchner para lograr que el árbitro acepte la expropiación de YPF sin tener que pagar ni un dólar a su legítima propietaria Repsol.
Por un lado, que sea condenada por algún tipo de delito ecológico (algo que ya ha comenzado a denunciar en algunos campos) y, sobre todo, demostrar que en torno a la privatización de YPF, que se cerró en 1999, se produjo algún pago ilegal de comisiones. Existe un caso en el que se basarían ahora los letrados argentinos: el de la expropiación de una licitación ganada por Siemens AG en el país, por la que no tuvo que pagar nada tras demostrarse que la compañía alemana había sobornado al Gobierno de Carlos Menem.
La empresa alemana reconoció en su día haber pagado comisiones ilegales para ganar el concurso convocado por el Gobierno argentino en 1996 para la impresión de los nuevos documentos nacionales de identidad (DNI) electrónicos; los padrones electorales y la informatización de los pasos fronterizos. Según las mismas fuentes, la norma en el campo del arbitraje internacional es que "solo puedes pedir indemnizaciones si tienes las manos limpias".
A este respecto, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, aseguró al día siguiente del anuncio de la expropiación e intervención de su filial argentina que la empresa española, frente a lo que puede ser habitual en estos países, "jamás ha pagado comisión alguna". De hecho, añadió, "es quizás por esto por lo que estamos pagando ahora esta factura".
En todo caso, el objetivo del Gobierno de Kirchner es no tener que pagar nada por el momento y, de tener que hacerlo, que sea no antes de cinco años.
Las opciones de Repsol
Una cuestión relevante respecto a los plazos es saber si, como señala el acuerdo de promoción y protección recíproco de inversiones (Appri) que mantienen España y Argentina, la denunciante del tratado debe realizar antes, y durante 18 meses, "una acción en los tribunales nacionales".
Repsol podría librarse de este trámite si apela al llamado caso Maffezzini, un pequeño empresario argentino que denunció hace más 10 años al Reino de España ante el Banco Mundial (más concretamente, en el Tribunal de Arbitraje del Ciadi, organismo que promueve las inversiones en países no desarrollados) para reclamar los avales de una pequeña inversión que había perdido en Galicia. Maffezzini apeló, "en un golpe de genialidad" a una cláusula del acuerdo, la de nación más favorecida, que le permitió que se aplicara el Appri que España mantenía con Chile y que no incluía dicho requisito de los 18 meses. El caso de Maffezzini ha pasado a la historia por esta razón y lo aplican la mayoría de los árbitros.
Repsol podría optar también por ir a los tribunales argentinos para denunciar el incumplimiento de la ley de privatización de YPF (que obliga a lanzar una opa y pagar un precio tasado, que valora el capital de la empresa en 18.500 millones de dólares) o de la propia Constitución argentina (que establece el derecho a la propiedad privada). Sin embargo, según fuentes empresariales, el recurso a alguna de estas vías impide a la vez acudir al arbitraje.
La petrolera se defiende con anuncios en la prensa bonaerense
La petrolera española ha dado un nuevo paso para defenderse de la decisión de Argentina de expropiarle un 51% del capital de YPF. La compañía presidida por Antonio Brufau ha puesto en marcha una campaña de publicidad en la prensa bonaerense en la que destaca que "es falso" que su filial YPF "no haya invertido lo suficiente" en Argentina y resalta que ha desembolsado "más de 20.000 millones de dólares" entre 1999, cuando tomó el control de la firma argentina, y 2011, informa Efe. "Las inversiones anuales de YPF han sido muy superiores a las de cualquier otro operador del país", afirma la página de publicidad, publicada el día del debate en el pleno del Senado argentino del proyecto de ley para expropiar un 51% de las acciones de clase D de YPF en manos de la compañía española presidida por Antonio Brufau.La nota sostiene que en 2010, "mientras YPF invirtió 2.158 millones de dólares, el segundo operador invirtió 870 millones de dólares y los terceros, cuartos y quintos entre 300 y 200 millones cada uno", según "la última información publicada". Una información contraria a la suministrada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que acusa a Repsol de incumplir sus planes de inversión o no invertir lo suficiente para aumentar la producción de hidrocarburos.La compañía indica además que las inversiones de la petrolera argentina fueron de 1.356 millones de dólares en 2009, de 2.158 millones en 2010 y de 3.255 millones de dólares el año pasado. La ley que analizará hoy el Senado argentino prevé también la expropiación de las acciones de la petrolera española en YPF Gas, la mayor distribuidora minorista de gas licuado de petróleo envasado del país latinoamericano.
Debate en el Senado
El Senado argentino debate hoy el proyecto de ley para declarar "de interés público" las acciones de Repsol en YPF y ejecutar la expropiación del 51% de las acciones clase D de la empresa argentina en manos de Repsol por incumplimiento de los planes de inversión.
Soria: "Sin inversión no se descubre Vaca Muerta"laudo firme
Los grupos de la oposición expresaron ayer al ministro de Industria, José Manuel Soria, su apoyo en la defensa de la legalidad internacional en el conflicto desatado por la confiscación de YPF. Sin embargo, desde algunas formaciones se ha pedido que se rebaje el tono "patriótico" y no se confundan intereses empresariales con nacionales. Además, pidieron al Ejecutivo que luche por lograr un justiprecio para compensar a Repsol por la expropiación de sus acciones, que la compañía valora en unos 10.500 millones de dólares. Soria compareció ayer en la Comisión de Industria a petición propia para explicar la posición del Ejecutivo ante la intención de Argentina de nacionalizar un 51% de YPF en manos Repsol.El portavoz del Grupo Socialista, José Segura, afirmó que el PSOE respaldará al Gobierno en la defensa del derecho internacional y los "valores democráticos". Segura lamentó la actuación del Gobierno argentino y atribuyó el expolio al importante descubrimiento de gas y petróleo no convencionales en los yacimientos de Vaca Muerta. En este sentido, y ante las críticas argentinas de que Repsol no ha invertido Soria dijo: "Si no hubiese invertido no habría descubierto Vaca Muerta".También el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre defendió a Repsol, pidiendo una defensa de la seguridad jurídica, y calificó la medida de "confiscación y rapiña", porque pretende no pagar el justiprecio que corresponde a la petrolera.Para el ministro de Industria, el objetivo del Gobierno "ha sido, es y va a seguir siendo mantener la mejor relación" con el Ejecutivo de Argentina, sin renunciar a la defensa de los intereses de Repsol. En su opinión, Argentina ha aplicado una "estrategia deliberada" para hundir las acciones de YPF, que se han derrumbado un 60%.Por su parte, el comisario europeo de Industria, Antonio Tajani, declaró en otro foro que la expropiación "es un error" y aseguró que la Unión Europea "no se va a quedar de brazos cruzados" ante esta situación.
Laudo firme
Frente a las interpretaciones que apuntan a que el laudo que resulte del arbitraje internacional en el Banco Mundial debe ser ejecutado posteriormente en los tribunales nacionales, los expertos jurídicos lo niegan rotundamente.
Si Argentina decide no pagar, o pagar por debajo del justiprecio, el conflicto entrará en otra dimensión. Por ejemplo, se le podrían embargar cuentas bancarias u otros bienes (aviones) fuera de su territorio.
No se descarta, no obstante, que se pueda iniciar una negociación bajo cuerda entre el Gobierno español y el argentino para sortear el proceso judicial.