Repsol no es España; sus 17.000 trabajadores, sí
Más allá de quienes califican la intervención de YPF como nacionalización revolucionaria de los recursos energéticos o expropiación a una multinacional del petróleo (dándole así su justo merecido, según explica el Gobierno argentino), o de quienes entendemos que podría ser legítima si así lo decidiera soberanamente el país con respeto a sus propias leyes y a los tratados internacionales por él suscritos, lo sucedido en Argentina con YPF y Repsol ha sido una intervención llena de sombras. Sombras en las formas, en las razones esgrimidas y en su previsible resultado final que, sin duda, terminarán por decepcionar las entusiastas expresiones de algunos sectores sociales y políticos que han visto la medida como una acción en favor de la justicia social. El tiempo lo dirá.
Pero no necesitamos esperar para comprobar el fuerte quebranto que para Repsol puede representar si, como parece, la compensación por parte de Argentina no responde al valor objetivo de lo expropiado. Es ahí donde surge la discusión en caliente en las redes sociales, donde se expresan muy diversas opiniones. Unas entienden que es una afrenta a España, por lo que la respuesta debe ser patriota, y ahí caben los boicots a productos argentinos, desagravios o movilizaciones, locuras que siempre nacen de invocar enfáticamente a la patria.
Entonces, ¿debemos ser indiferentes como expresan muchas voces? Para fundamentarlo afirman que, al ser Repsol una empresa privada y extranjeros una parte importante de sus accionistas, su destino es algo que afecta en exclusiva a sus propietarios. Yo afirmo que no, porque solo desde una visión extrema y de lo más ultraliberal se puede identificar exclusivamente a las empresas con sus accionistas o considerar que sus éxitos o fracasos serían ajenos al resto de la sociedad, a sus trabajadores y a los territorios donde están ubicadas.
Repsol no es España, es cierto, tan cierto como sí son España sus 17.000 trabajadores/as directos en el país y muchos de sus 480.000 accionistas minoritarios. Como lo son sus complejos industriales de Euskadi, Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña, donde trabajan cientos de empresas de servicios y en ellas bastantes miles de trabajadores. También su puntero Centro de Tecnología de Móstoles (Madrid) y sus 3.620 estaciones de servicio repartidas por todo el país.
No sabemos cómo va a repercutir en las cuentas de los grandes accionistas, españoles o extranjeros. No es nuestro principal problema, sabemos que nunca pierden. Pero sabemos que precisamente la fortaleza industrial de Repsol y su salud financiera han permitido que, tras varios años de crisis general de la economía, se haya culminado el pasado miércoles la inauguración de la ampliación del complejo industrial de Cartagena, iniciada hace cuatro años, y que ha representado la mayor inversión industrial de la historia de nuestro país: 3.150 millones de euros, duplicando la capacidad de destilación de crudo en Cartagena, contribuyendo a una clara mejora de nuestra balanza comercial tan deteriorada.
Igual trascendencia económica y social tienen -para un país como el nuestro, de escasa inversión industrial- los 900 millones de euros invertidos en la nueva unidad de coque de la refinería de Petronor, en Bilbao, o los 100 millones de euros anuales de salarios que representa la red de empresas homologadas en torno a su complejo industrial de las comarcas de Tarragona. Repsol no es España, pero su presente y futuro no son ajenos a los intereses de sus trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Así lo entiende el sindicalismo cuando no comparte la opinión de los que consideran que las empresas son exclusivamente de sus accionistas, uno de los muchos frentes de nuestra confrontación. Y estas posiciones ultraliberales son las que pueden acabar reforzando algunos argumentos que critican a CC OO y UGT porque hemos expresado nuestra preocupación y compromiso con la defensa del proyecto industrial de una de las mayores empresas industriales de nuestro país.
No deberíamos ser indiferentes a lo que le suceda a Repsol, como no lo somos en Fiteqa-CC OO respecto a los esfuerzos de internacionalización de empresas del sector de la moda, la energía, la química o la farmacia, como Inditex, Mango, Puig, Gas Natural Fenosa, Gamesa, Maxan, Grupo Esteve, Grifols, etc., empresas que, más allá de la propiedad de sus acciones, se reconocen como españolas. Y que, con su internacionalización, atenúan una de las principales debilidades de nuestro tejido productivo, como es el reducido tamaño de la mayoría de nuestras empresas y el escaso número de compañías internacionales, lo cual nos impide aprovechar las ventajas de ser el país sede, como vemos día a día con las multinacionales de otros países, a la hora de localizar su inversiones, la I+D+i, los nuevos proyectos y también, como en el caso de Repsol (8.310 millones de euros), los ingresos por impuestos que generan sus beneficios. Por esto es tan importante arriar las banderas y silenciar himnos patrióticos que nos distraigan del fondo del conflicto, para que Repsol sea adecuadamente tratada y se refuercen el resto de las numerosas empresas españolas en Argentina. Nos va mucho en ello.
Joaquim González Muntadas. Secretario general de Fiteqa-CC OO
