Sin una estrategia para el crecimiento
En una primera aproximación a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado destacan dos cuestiones: la ausencia de una estrategia de crecimiento y la ausencia de una estrategia en materia de impuestos.
No se vislumbra, en la mencionada presentación, ni siquiera entre líneas, que el Gobierno tenga una política clara de prioridades en materia de crecimiento: en educación, formación, investigación e innovación, internacionalización, turismo, energías renovables, empleabilidad, etc. Unas prioridades que nos permitirían ganar competitividad por la vía de incrementar la productividad y no por la vía del abaratamiento de los salarios. Porque el objetivo más importante de nuestro país debe ser el crecimiento económico. Dicho de otra manera, en el proyecto de Presupuestos está la sangre, el sudor y las lágrimas (para la mayoría de los españoles), pero no la esperanza.
Por el lado de los ingresos, el Gobierno nos vuelve a mostrar una inconsistencia fiscal manifiesta. De una parte, la amnistía fiscal debilita la credibilidad de lucha contra el fraude. Los defraudadores van a pensar que siempre habrá otra oportunidad para ser amnistiados. En el fondo, es un plan de lucha contra el plan de lucha contra el fraude. Es un golpe a la lucha contra el fraude. En realidad, es el segundo golpe que propina este Gobierno. El primero es la destitución de la cúpula de Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.
No parece que la amnistía fiscal vaya a gustar a Europa desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas españolas. Es una medida que se ha aplicado en la Italia de Berlusconi, en Grecia y Portugal, etc. En definitiva, con esta medida España no va a ganar credibilidad internacional, más bien lo contrario.
Pero no es verdad que haya un reparto justo de los esfuerzos en materia fiscal. Los responsables del Gobierno en las materias económicas son especialistas en decir una cosa y luego hacer otra. La subida del IRPF y la restitución de la deducción de la compra de vivienda a las rentas altas no hace más justos impuestos en nuestro país. Con la amnistía fiscal se premia a los que incumplen, a los defraudadores, a los especuladores causantes de la crisis, y se castiga a los ciudadanos que han cumplido subiendo los impuestos, especialmente a las rentas medias y a las familias más humildes.
Llama la atención el efecto de los cambios transitorios. El Gobierno está calificando muchas de sus medidas como transitorias, como forma de mitigar su impopularidad pero, quizá, lo que mitiga de verdad sea su efectividad; esto depende del caso concreto y habría que verlo en unos cuantos ejemplos.
Un caso claro es la eliminación de algunas deducciones en el impuesto sobre sociedades, que grava los beneficios empresariales, dada la situación económica y la naturaleza de este impuesto. Su recaudación ha caído varias veces más que la del conjunto del sistema tributario. Eliminar deducciones en ese contexto tiene poco efecto sobre los ingresos corrientes. Como nuestro problema fiscal es fundamentalmente de sostenibilidad, esa medida tiene efectos hoy en tanto contribuya a mostrar unos ingresos futuros más altos. Vamos, que si la medida es transitoria no sirve ni para ingresar ni para ganar credibilidad.
No deja de ser curioso que una de las pocas medidas fiscales con vocación de permanencia sea la recuperación de la desgravación por adquisición de vivienda para las rentas más altas. Ahora tiene poco efecto porque hay pocas adquisiciones, pero tiene un efecto demoledor sobre la capacidad recaudatoria (y redistributiva) del IRPF en el futuro. Si la medida fuese transitoria podría estimular el mercado (aunque es dudoso), pero al ser permanente tiene efectos mucho menores sobre la demanda y mucho mayores (negativos) sobre la capacidad de recuperación fiscal. En otros casos, el Gobierno ha conseguido rizar el rizo y simultanear lo peor de ambos horizontes. Cuando el señor Montoro insiste en que las subidas de impuestos son transitorias, los sufridos perjudicados no se lo creen, con lo que implica en cuanto a sus efectos sobre el consumo y el clima social; pero si alguien lo toma en serio fuera de España, solo serviría para poner más en duda la sostenibilidad de las cuentas españolas.
Pedro Saura García. Portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso