EDITORIAL

Unas cuentas para hacer a España fiable

El Gobierno aprobó el viernes las cuentas públicas para 2012, las más esperadas por lo avanzado del calendario y la presión política interna y externa, y las más austeras de la democracia por el extraordinario esfuerzo de consolidación que supone reducir el déficit fiscal desde el 8,51% del PIB hasta el 5,3%. Entre las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, y las determinadas el 30 de diciembre pasado, el esfuerzo sumado de las subidas de impuestos y recortes de gasto público debe llegar a no menos de 32.500 millones de euros, y preparar el terreno para un esfuerzo adicional de cerca de 25.000 millones en 2013. Solo si se cumplen las cuentas de este año y el próximo "España será fiable", tal y como expresó el titular de Hacienda.

Cristóbal Montoro tiene acreditado expediente de cumplir con la ejecución de las cuentas públicas en el pasado, y ahora es consciente del carácter extraordinario de buena parte de las decisiones que ha tomado para llegar al objetivo fiscal. Fiel a su doctrina, y excepción hecha la radical subida del IRPF, renuncia a tocar los impuestos con mayor potencia de tiro, como IVA o especiales, porque podrían comprometer un consumo muy debilitado, que acumula caídas interanuales muy fuertes, y retrasar la recuperación.

Recurre, por contra, a concentrar el ajuste en los gastos, con recortes de un 17% de las partidas generales de los ministerios, y con fuerte concentración en políticas activas de empleo, inversión y transferencias de capital. También se apoya en el Impuesto de Sociedades y en figuras tributarias nuevas, unas temporales y otras no, cuyo resultado es difícil de predecir. Bien está que sean las empresas, con tributaciones muchas veces muy inferiores a las de los trabajadores de sus plantillas, las que soporten la carga de la recaudación adicional ahora, con modificaciones en los calendarios de pago, en las amortizaciones y en las deducciones. Pero es cuanto menos debatible apostar a que un nuevo gravamen temporal del 10% para regularizar capitales ocultos, en España y fuera, vaya a proporcionar nada menos que 2.500 millones, puesto que se antoja aventurado estimar que Hacienda conoce que al menos 25.000 millones de euros negros van a acudir al blanqueador capote fiscal de esta amnistía, por otra parte ensayada en varios países. Es también valiente suponer que las corporaciones con dividendos pertrechados en paraísos fiscales los van a repatriar a cambio de un 8%.

La duda surge acerca de si la fiabilidad tradicional de Montoro con las cuentas públicas resiste la dura prueba de una recesión del PIB del 1,7%. Esa es la gran incógnita para el comportamiento de los ingresos, al igual que el crecimiento sea el pilar al que el Gobierno fía la recomposición de las cuentas para que en 2013 se llegue al 3% de déficit. En cualquier caso, el objetivo ha de ser que España sea fiable.