Perfeccionar la fusión de los reguladores

Desde que el Gobierno presentó el anteproyecto de ley de fusión de los organismos reguladores -Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Comisión Nacional de la Energía (CNE) y Comisión Nacional de la Competencia (CNC)- sus destinatarios se han pronunciado de forma muy crítica sobre la propuesta. Primero fueron la CNT y la CNE, que denunciaron con severidad lo que consideran deficiencias del futuro modelo, y ayer le tocó el turno a la CNC, que ha emitido un informe en el que destaca cuatro grandes errores. A juicio del organismo, la propuesta ha sido elaborada sin consenso; puede provocar pérdida de eficacia e independencia; dará lugar a una situación de interinidad que puede paralizar la tramitación de expedientes, y no cuenta con precedentes en otros ordenamientos jurídicos .

Pese a que se trata de críticas argumentadas, no todas tienen igual relevancia. Sobre la primera -la falta de consenso en la elaboración del texto-, no está de más recordar que la propuesta de fusión de los reguladores forma parte del plan de ajuste presupuestario que España está obligada a acometer y de la necesidad de redimensionar adecuadamente nuestro ineficiente sector público. Se trata, por tanto, de una decisión adoptada bajo criterios de austeridad y de acuerdo a condiciones y exigencias muy diferentes a las habituales en tiempos de normalidad presupuestaria. El informe de la CNC recuerda con pesar que la tramitación de la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 fue precedida de un libro blanco que se sometió a consulta pública. Un proceso abierto, sopesado y participativo, pero cuya adopción en la coyuntura actual prolongaría en exceso un plan de ajuste que debe completarse cuanto antes.

Cuestión aparte -y de bastante mayor trascendencia- constituyen las advertencias de la CNC sobre su posible pérdida de eficacia e independencia, así como del riesgo de que el cambio de modelo conlleve una interinidad forzosa que paralice la actividad. Si bien la urgencia de racionalizar el número y tamaño de los organismos de las Administraciones públicas no admite discusión -y ha de extenderse no solo a los reguladores nacionales, sino también a los que se han creado en el ámbito autonómico- la puesta en práctica de esa tarea debe hacerse con exquisito cuidado. Se trata de un objetivo complejo, en el que por encima de todo ha de salvaguardarse la independencia de estos organismos, así como su eficacia y su rigor. Por todo ello habrá que estar muy atentos a la andadura parlamentaria de este anteproyecto y aprovechar el calendario para plantear esas objeciones y tratar de solventarlas. A lo largo de ese proceso, el Ejecutivo debe buscar el mayor consenso posible y escuchar con atención las críticas de los reguladores. Pero también deberá diferenciar entre aquellas bien fundadas y las que habrán de ceder terreno frente al interés general.