Frenar la reincidencia en los hurtos comerciales
No es un problema nuevo pero justamente por ello su dimensión es, si cabe, mayor. Los comercios españoles pierden al año alrededor de 1.200 millones de euros a causa de los hurtos que padecen. Una problemática de hondo calado contra la que tratan de luchar desde hace años y ante la que, en muchas ocasiones, sienten auténtica impotencia.
Uno de los problemas fundamentales radica en la elevada tasa de reincidencia que presenta este tipo de prácticas. Según datos del Ministerio del Interior, el 37,5% de los detenidos en 2011 tras cometer un delito eran reincidentes. ¿Admisible? Las empresas reunidas en el Comité Aecoc de Prevención de la Pérdida -una treintena de compañías de la industria y la distribución- no lo consideran así y, por ello, se han puesto manos a la obra para reclamar a las autoridades competentes medidas que les ayuden a atajar unos incidentes que no solo merman sus ingresos económicos, sino que claramente restan sus capacidades a la hora de ganar en competitividad y generar empleo. Sin duda, su aportación más valiosa a nuestro bienestar social y económico. El Gobierno debería, asimismo, reflexionar sobre otra cuestión. ¿No resulta acaso desproporcionado que en un país en que el salario mínimo interprofesional está fijado en 641,40 euros, un hurto deba superar los 400 euros de importe para ser considerado un delito en lugar de una simple falta y tratarse legalmente como tal? El sector está convencido de que sí y pone esa cuestión también sobre el tapete.
Así las cosas, no es de extrañar que, llevadas por el desánimo, las empresas solo denuncien 18.000 de los 130.000 incidentes que anualmente se registran en sus puntos de venta y que el 92% de las compañías de distribución no dude en afirmar que el Código Penal es demasiado indulgente con este tipo de prácticas.
Por ello, el sector ha acogido de buen grado y con auténtica expectación el anuncio del ministro del Interior de activar una serie de medidas destinadas a poner freno a la reincidencia delictiva. El primero de los pasos será crear un registro general de faltas, un fondo documental, hasta ahora inexistente, que permitirá tanto a la policía como a los jueces conocer la carrera delictiva de los acusados y actuar en consecuencia. La medida no solo ha sido aplaudida por las empresas, que llevan años expresando su indefensión ante este tipo de situaciones, sino también por numerosas voces del ámbito político.
La posible modificación del Código Penal también ha despertado muchas voces favorables, especialmente en un sector en el que las empresas deben dedicar 400.000 horas anuales a gestiones relacionadas con los hurtos que padecen, con independencia de que sean denunciados o no. Ni que decir tiene que emplear tal cantidad de tiempo en este tipo de tareas en un momento como el actual resulta, además de incomodo, del todo inconveniente. ¿No constituye acaso un lastre a su productividad en un escenario tan crítico como el actual? ¿No les resta eficiencia y competitividad?
Evidentemente sí y por ello se trata de una cuestión que, en un momento en que se suceden las llamadas al necesario incremento de nuestra productividad, resulta más necesario que nunca atajar. Además, conviene recordar que en un periodo en que la mayoría de empresas trabajan con márgenes realmente ajustados, un problema como este puede incluso llegar a convertirse en un elemento definitivo hasta el punto de poner en juego la continuidad de sus negocios.
Y es que, lejos de la versión edulcorada e incluso jocosa que socialmente se tiene en ocasiones de los hurtos en los comercios, la realidad es otra. El 54% de los empresarios alega que la mayoría de ellos corre a cargo de bandas organizadas -que llegan incluso a poner en riesgo la seguridad de los empleados- y el 47% se muestra convencido de que el objetivo fundamental de este tipo de prácticas es la reventa en mercados paralelos.
Una cuestión que, desde luego, no debemos tomarnos a risa porque nos afecta mucho y muy negativamente a todos. Bienvenido sea, por tanto, el registro general de faltas y bienvenida una posible modificación del Código Penal que ayude a las empresas a superar la situación de indefensión en la que llevan trabajando desde hace años. El sector lo precisa y aplaude.
José María Bonmatí. Director general de Aecoc