Eurovegas priorizará la contratación autóctona para sus 260.000 empleos
Los promotores de Eurovegas priorizarán la contratación de trabajadores autóctonos para los 260.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos, que generará el macrocomplejo de ocio, juego y convenciones que instalarán en España,y cuyo destino, Barcelona o Madrid, se decidirá este verano.
En una entrevista con Efe, el director de Comunicación de la empresa que está detrás de este proyecto (Las Vegas Sands Corporation), Ron Reese, ha reconocido que la predisposición de los respectivos gobiernos autonómicos a modificar ciertas leyes es uno de los factores que serán determinantes para decantarse por una ciudad u otra, unas instituciones interesadas en captar una inversión que podría ascender a los 17.000 millones de euros.
La primera idea del padre de Eurovegas, el magnate Sheldon Adelson, fue instalar su centro de ocio y juego europeo en Barcelona, ciudad a la que veía mejor posicionada como marca; pero después conoció Madrid y detectó también potencial en la capital española, aseguran los promotores.
Las conversaciones con ambas ciudades, después de un primer intento abortado por la irrupción de la crisis económica, se retomaron "en paralelo" en julio de 2011, por lo que ahora Madrid y Barcelona pugnan en igualdad de condiciones por adjudicarse la que sería, según sus impulsores, la mayor inversión privada de la historia de Europa con 6.000 millones de euros de desembolso en la primera fase del proyecto, que se inauguraría en 2016.
Para justificar su demanda de leyes a medida, los impulsores de Eurovegas esgrimen que el ambicioso proyecto forma parte de una industria nueva que no tiene precedentes ni en España ni en Europa, donde, aseguran, no existen regulaciones para "algo así".
Una de las leyes que exigirán modificar será la del tabaco, para lograr que en el complejo de ocio se rija en este sentido bajo una consigna clara: "que los fumadores puedan fumar, y que los no fumadores no tengan que aspirar ese humo si no lo desean".
También pedirán una exención de la ley para que los menores puedan entrar en los casinos acompañados de un adulto, a imagen de lo que ya ocurre en Las Vegas de EE.UU., pero manteniendo la prohibición de que los pequeños jueguen a las máquinas.
Aunque los promotores de Eurovegas se han comprometido a que los trabajadores autóctonos sean "siempre" la prioridad en las contrataciones, consagrarán media docena de puestos de alta dirección a ejecutivos extranjeros con experiencia en proyectos similares.
Para ellos exigirán otra modificación normativa: pedirán "facilidades migratorias", de manera que, si se necesitan estos directivos inmediatamente, puedan incorporarse de forma ágil sin tener que esperar varios meses a concluir los trámites habituales.
Los promotores, que ahora compaginan las negociaciones con los gobiernos con un exhaustivo estudio de mercado que ya ha costado 10 millones de euros, calculan que habrán recabado todos los datos necesarios para elegir emplazamiento alrededor de junio o julio.
Uno de los puntos clave en esta decisión será el terreno que ofrezca cada ciudad, porque uno de los problemas que les ha planteado el complejo de Singapur es que no tiene espacio disponible alrededor para poder seguirse expandiendo una vez agotada la planificación inicial.
El diseño del complejo no se dibujará hasta que no se conozca el terreno que lo alberga, y esta tarea durará un año, al que seguirán tres de construcción de la primera fase del centro de ocio, que no estaría acabado de manera completa hasta 2022.
Los promotores del complejo se esfuerzan por presentar el proyecto como un "centro turístico integrado" donde el espacio dedicado a los casinos oscilará entre un 2% y un 4%. Además, subrayan que en las instalaciones similares que tienen en EEUU o Singapur sólo el 14% de los clientes acuden por el juego y éste no representa más del 34% de los ingresos.
En menos de cinco meses, el magnate Adelson y su equipo habrán señalado a Madrid o a Barcelona como el destino de una inversión multimillonaria en tiempos de crisis: 17.000 millones de euros por todo el proyecto, junto a la promesa de emplear a 260.000 trabajadores autóctonos en un momento en el que las cifras del paro en España baten récords.