EDITORIAL

La banca mete un punto más al ajuste

El plan que el Gobierno que preside Mariano Rajoy tiene intención de aprobar este mismo viernes para intensificar el saneamiento del sistema financiero ha comenzado a aplicarse de forma preventiva por las entidades. La Caixa, el pasado viernes, o el Santander, ayer mismo, han acelerado a marchas forzadas y con cargo a la cuenta de resultados de 2011 las provisiones que el Ministerio de Economía va a exigir para estabilizar la solvencia del sistema y proporcionar un grado de confianza que hoy por hoy los mercados no conceden ni a España ni a su industria bancaria. Santander, incluso, ha hecho tal esfuerzo por provisionar sus balances en 2011 que ha reducido a cero su resultado del cuarto trimestre, una práctica que en algunos casos podría tener que ser complementada con plusvalías extraordinarias, si no ahora, sí durante los próximos trimestres.

El Gobierno pretende tres cosas para restablecer el prestigio y la solvencia de las entidades españolas. Elevar las provisiones de forma notable, no menos de 50.000 millones de euros a proporcionar mayoritariamente a lo largo de 2012, y solo más allá de tal fecha si median procesos de fusión muy vastos; acometer un proceso de concentración en el que participen las entidades más sanas para que costeen las necesidades de capital que las más dañadas no pueden soportar, y que tendría que saldarse con una reducción de capacidad de no menos del 20% sobre la actual, y establecer estándares de responsabilidad social corporativa reconocibles, que deberían recoger, entre otras cuestiones, limitaciones a la remuneración de los directivos de entidades que hayan contado con algún tipo de ayuda pública.

La existencia de una bolsa de activos problemáticos por valor de unos 180.000 millones, a juicio del Banco de España, que bien podría ser mayor si la crisis extiende su longevidad mucho tiempo, hace temer a los mercados financieros que una parte de las deudas privadas terminarán siendo públicas y dificultando la financiación del Estado. Por ello, los financiadores tienen sus reservas para prestar dinero tanto a la banca como a las Administraciones públicas. Y solo serán neutralizados tales temores con un esfuerzo de provisión y capitalización adicional, y que debe cubrir sobre todo los riesgos de la inversión inmobiliaria y promotora, con diversos grados de rigor, en función del valor verdadero que conservan los activos.

Los grandes bancos parecen tener la mejor disposición para ello, y así lo expresó ayer Emilio Botín, presidente de Santander. Y las entidades con mayor dificultad deberían hacerlo, aunque su continuidad pase por absorciones. Pero Gobierno y Banco de España deben acelerar el proceso para cerrar esta sombra que se proyecta desde hace ya años sobre la economía española y que paraliza la concesión de crédito, sin el cual no es posible recuperar el crecimiento.