Spanair, amargas lecciones

Miles de pasajeros dejados a su suerte. Apenas unas horas antes del anuncio del cese de actividad, abrupto y sorpresivo, pese a que la aerolínea señala que estaba coordinada con la Dirección General de Aviación, se seguían vendiendo billetes. ¿Cómo podemos calificar este hecho? Desconcierto, pavor y mucha indignación, primero entre los inmediatamente afectados, miles, y segundo, y en peor lugar sin duda, los casi 4.000 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, que, a pesar de que se abra un procedimiento concursal, la inmensa mayoría irán al desempleo.

¿Cómo se ha llegado hasta extremo?, ¿cómo ha sido la gestión los últimos años de esta aerolínea, sobre todo a partir de 2008, que entra en una fase lenta pero continuada de colapso? No llegaron socios industriales, y hubo varios intentos. ¿Era viable la compañía como para no ahuyentar a estos?, ¿qué papel ha querido jugar la Generalitat catalana enarbolando banderas identitarias cuando es el mercado el que decide y discrimina?, ¿a dónde han ido a parar 150 millones de ayudas públicas? Ayudas que no han sido inyectadas en el sentido correcto, o eso parece por los resultados, ayudas que distorsionan la competencia y no son solución para una empresa si no es viable. Los problemas de tesorería y liquidez han lastrado y cronificado la situación de la empresa aérea desde hace mucho tiempo.

La última refundación, hace tres años, apenas traía consigo un mal endémico y larvado, los costes elevados de la misma, estructurales, financieros, comprometiendo una viabilidad que nunca terminaría por aparecer. ¿Quién analizó la verdadera dimensión del riesgo y por qué no se seleccionó de una manera más óptima? ¿Por qué el Gobierno catalán, primero del tripartito y después de CiU, han hecho un casus belli propio para salvar la continuidad y no tanto la viabilidad?, ¿por qué el sector empresarial catalán amagó y coqueteó con la compañía como punta de lanza del despegue internacional de la misma, pero a la hora de la verdad nunca entró con fuerza, ni siquiera tímidamente, en el accionariado de esta compañía?, ¿realmente se ha controlado el destino final de esas ayudas, en abstracto o en concreto?, ¿por qué le ha sido tan difícil encontrar un socio de referencia que le permitiera jugar en la gran liga de la navegación y tráfico aéreo?, ¿cómo llegó a estar en Star Alliance con una estructura tan compleja, difícil y sin músculos financiero y empresarial exigible?

Los datos no acompañaban. La imagen se había resentido aquel mediodía de un 20 de agosto con un fatídico despegue en Barajas y el drama envuelto en fuego y muerte. Ciertos intentos de politizar la compañía como herramienta para presionar e influir en la gestión del aeropuerto de la Ciudad Condal han significado, a la postre, no solo el colapso de una compañía más, el concurso y lo que apunta a una liquidación ruinosa o un dificilísimo convenio cuyo mejor contenido sería hallar un asuntor total de la deuda que, por módico precio, se hiciera con la compañía asumiendo la totalidad del pasivo. Pero nadie regala nada. Y a las dificultades últimas de no encontrar un socio de referencia y respaldo financiero industrial, se une el peligro de doble cara de las ayudas públicas y el ojo acechante de Bruselas, enemigo de las mismas, o más bien de algunas formas de entender la ayuda pública como desencadenante de un distorsionamiento del mercado.

Pérdidas millonarias año tras años, enjuagues de la Administración catalana hasta que la crisis ha devorado identidades y cainismo. Algunos se aprestan a decir, demasiado rápido tal vez, que en un más que hipotético, real y necesario escenario concursal, la Administración catalana podrá reclamar como acreedora lo que por ahora se dice, 150 millones de euros como ayuda. Pero la Administración, amén de acreedora, es socia, es accionista y hasta qué punto su influencia en la gestión de la compañía no ha habido una cierta dirección o administración de hecho, será un interrogante que habrá que resolver, sobre todo por el juez de lo mercantil.

Y la calificación que la norma concursal establece es clara, si bien habrá que analizar el tanto por ciento de capital en la aérea tanto de la Generalitat como del ayuntamiento que, a través de tres entidades, han participado en la misma, créditos subordinados por ser persona (Administración) especialmente relacionada con la concursada, tanto por ser socio y rebasar ciertos umbrales de capital como por ser, presumiblemente -eso sí, siempre que se demuestre la finalidad y control o no de las ayudas-, administradora de hecho. Y en ese dramático escenario, miles de familias pierden su empleo cuando ya se había llevado a cabo un reciente expediente de regulación de empleo. Y han sabido dar una lección de profesionalidad atendiendo a los miles de afectados, siendo conscientes del derrumbe de su situación profesional. Quienes gestionaron la empresa deberían al menos reconocérselo.

Abel Veiga. Profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Comillas