El gobierno corporativo se pone a prueba con las pymes

Los consejeros piden al Ejecutivo acciones de promoción para su fomento.

En España, las empresas no cotizadas representan más del 75% del producto interior bruto (PIB) y cerca del 82,2% del empleo, según datos de Eurostat y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, Eurostat resalta que en los países del sur de Europa (Italia, Portugal y España), donde son más frecuentes los autoempleos o las empresas familiares, el 99,9% de las compañías son pymes, frente al 95% de Alemania.

Hasta ahora se ha puesto el foco de la aplicación de los principios de buen gobierno en las compañías cotizadas. Así, en España, el 87,5% de las sociedades del Ibex 35 cumplieron en 2010 con las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno Corporativo, mientras que un 6% no las siguieron, según el informe publicado la semana pasada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Teniendo en cuenta la importancia de las compañías no cotizadas en la economía, y no solo en España, ya que se estima que de los 21 millones de empresas de la Unión Europea (UE) solamente unas 7.000 cotizan en Bolsa, parece pertinente extender las recomendaciones a este tipo de empresas donde su aplicación va muy lenta.

Existen ya guías al respecto, por ejemplo, el 24 de marzo de 2010 se lanzó en el Parlamento Europeo la Guía y principios de gobierno corporativo para empresas no cotizadas en Europa, elaborada por la Confederación Europea de Asociaciones de Consejeros (Ecoda). Y en España, el Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A) dio luz verde en 2005 a los Principios de buen gobierno corporativo para empresas no cotizadas.

Juan Álvarez-Vijande, director ejecutivo del IC-A y consejero y presidente honorífico de Ecoda, hace balance de esta iniciativa y señala que ha sido acogida "con gran interés" por las pymes. "Estas son receptivas a escuchar normas esenciales y razonables que les ayuden a gobernar mejor su empresa". En su opinión, el buen gobierno corporativo ayuda a la sostenibilidad empresarial, mejora el rendimiento económico e incrementa el valor de dichas empresas. "Acciones sobre este colectivo ayudarán a generar empleo de forma sostenible permitiendo desarrollar la economía, lo que será beneficioso para el conjunto del país, además de para los accionistas y administradores de la empresa".

Álvarez-Vijande expone que existen estudios de supervivencia y desarrollo de empresas familiares donde se considera que "las prácticas de buen gobierno son un factor determinante de su estabilidad accionarial y de su éxito a largo plazo y contribuyen, de manera muy positiva, en los casos de acceso a capitales, alianzas u operaciones de compra o fusión". En este sentido, cree que la aplicación de estos principios ayuda, en el contexto actual de falta de financiación, a acceder a estas fuentes de dinero. "Las pymes son conscientes de que el buen gobierno es importante para poder acceder a la financiación", afirma.

Por el momento, no existe ninguna obligación para las pymes de aplicar estos principios y Álvarez-Vijande apuesta por que siga siendo voluntario. "Si bien, es recomendable". A su juicio, esto no debería impedir que "se creen beneficios adicionales para las pymes por parte de la Administración que estimulen la implementación del buen gobierno en la empresa".

Petición

Ante el nuevo Gobierno, Álvarez-Vijande hace una petición: "Creemos que la nueva Administración tiene una gran oportunidad de realizar acciones sobre las pymes en las que se fomente el buen gobierno. Estas acciones de promoción también serían de aplicación a las empresas que vayan a ser privatizadas". En cuanto a las cotizadas, defiende "la existencia de un equilibrio razonable entre regulación y autorregulación".

RSC

Ventajas: Rocío Merlino, colaboradora de RSC de la firma Russell Bedford, dice que una correcta aplicación de la RSC en las empresas mejora su facturación y el número de contrataciones.Blindaje: Merlino explica que estos programas de cumplimiento de la legalidad y la ética empresarial protegen a la compañía y sus directivos de posibles responsabilidades penales. Para las no cotizadas puede suponer "una reducción del número e importe de sanciones por infracciones de índole administrativo".

Razones para extender su aplicación

El director ejecutivo del IC-A subraya que para la aplicación decisiva de un programa de buen gobierno en una compañía es crucial contar con el apoyo del presidente de la sociedad. "Si el máximo responsable quiere que haya buen gobierno en el órgano de administración es altamente probable que así ocurra". Pero aunque se han producido avances, resalta que, por parte de la Administración, los reguladores, las instituciones y los organismos aún queda un camino importante por recorrer".Tras cinco años de experiencia desde el lanzamiento del código del IC-A, Álvarez-Vijande señala como beneficios de su aplicación para los accionistas de las empresas no cotizadas: un incremento del valor de la sociedad; aumento del retorno económico de la inversión; una protección para los accionistas minoritarios; reduce los conflictos, "sobre todo en las empresas familiares", y redescubre las ventajas de los consejos asesores, "siempre que actúen como un consejo de administración sin responsabilidad legal, en determinadas estructuras de accionistas". Para los consejos de administración, una de las ventajas sería la relevancia de identificar y gestionar los diferentes conflictos de interés que suceden en las compañías según sea su fase de desarrollo.