Una red exterior eficaz y racional
Las comunidades autónomas están abocadas a adaptarse a una etapa de austeridad que las obligará a transformar el perfil institucional -desmesurado, en la mayoría de los casos- que han mantenido en los últimos años. Uno de los símbolos de esos tiempos de vacas gordas y alegría presupuestaria ha sido la proliferación de una red de 190 oficinas dedicadas a la promoción del comercio, el turismo y la inversión en el exterior. Un inaudito y redundante entramado público que resulta injustificable, tanto desde el punto de vista de la racionalidad administrativa como desde la óptica del rigor financiero, y no solo porque estemos en plena crisis y con el déficit disparado. El nuevo Gobierno no ha perdido tiempo en poner en cuestión el despropósito que supone esa red y ha ofrecido a los Gobiernos regionales la posibilidad de que su personal exterior utilice las oficinas del Icex y las embajadas de España para seguir llevando a cabo su función. Han sido varias las autonomías que han valorado la propuesta. Es el caso de la Comunidad Valenciana -que reducirá con ello la mitad del gasto que generan sus 22 oficinas externas- y de otras regiones, como La Rioja, Cantabria o Canarias. En el extremo opuesto, Cataluña ha rechazado la iniciativa y ha dejado claro que prefiere contar con "perfil propio" en esta materia. Un perfil que incluye hoy 44 oficinas, entre las que destacan sedes en Berlín, París, Londres o Nueva York.
Pese a que Artur Mas se ha apresurado a advertir que Cataluña está dispuesta a recortar ese coste de representación, su negativa a aceptar la oferta del Gobierno revela una preocupante insistencia en apostar por los intereses, formas y apariencias políticas por encima de la racionalidad económica y el sentido común. El Ejecutivo catalán, como cualquier otro Gobierno autonómico, sabe que el reparto de competencias entre el Estado central y las comunidades no depende del uso compartido de los recursos de la red exterior. Lo que quizá no haya valorado convenientemente es el hecho de que la imagen de las regiones españolas en los mercados financieros depende bastante más de una gestión saneada de las cuentas públicas que de una red de oficinas cuyo coste no es razonable mantener.
Como acertadamente señaló en su toma de posesión el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, el entramado de embajadas españolas debe convertirse en un potente motor de promoción fuera de nuestras fronteras de la imagen de marca de España y del valor de sus empresas. La referencia realizada por el ministro de Defensa, Pedro Morenés, durante la celebración de la Pascua Militar sobre la necesidad de reforzar tecnológicamente la industria española de armamento es otro ejemplo de cómo todo el Estado debe poner el hombro contra la crisis. Los tiempos han cambiado y la economía se ha convertido en una prioridad que compete a todos.
