Media vuelta de tuerca más al ajuste fiscal
El tercer Consejo de Ministros del Gobierno popular no ha resultado ni mucho menos tan expeditivo y contundente como el anterior -y como se necesita-, aunque ha continuado dando pasos en la línea de uno de los principales objetivos de la legislatura: reducir el déficit fiscal. Pero se ha quedado en solo media vuelta de tuerca más.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la intención del Gobierno de someter a revisión a lo largo del mes de enero a todas las empresas, entes y consorcios públicos del Estado con un objetivo en mente: venderlos, transformarlos, fusionarlos y, si fuese necesario, eliminarlos. El Ejecutivo también convocará a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se analizará conjuntamente el modo de reducir el insostenible entramado público que arrastra España: unos 20.000 organismos, 4.000 de ellos de carácter empresarial. Mariano Rajoy tiene como prioridad racionalizar aquella parte de la cosa pública sobre la que el Gobierno central tiene competencia. Una tarta integrada por 400 organismos -entre sociedades públicas, consorcios y fundaciones- encuadrados mayoritariamente bajo el paraguas de los ministerios de Industria, Fomento, Economía y Hacienda.
Con toda seguridad, la reunión con los Gobiernos regionales no será dulce. La primera cuestión que el Ejecutivo tendrá que poner sobre la mesa es el hecho de que si bien en 2010 se acordó reducir un total de 515 entidades y altos cargos, hasta hoy solo han eliminado 69. Pese a contar con la inestimable ventaja de un poder autonómico mayoritariamente popular, la tarea de meter en cintura a las Administraciones regionales y locales no debe subestimarse. A estas alturas no quedan dudas sobre la obligatoriedad de que regiones y municipios inauguren una etapa de austeridad, mesura y control en sus cuentas públicas. Pero ello implicará un nuevo estilo de gestión y disciplina fiscal y una desacostumbrada transparencia presupuestaria.
La imprescindible lucha contra el fraude fiscal ocupa también una parte básica de las nueva medidas del Gabinete. A falta de más detalles, la gran novedad es la decisión del Gobierno de limitar las transacciones en efectivo, una medida que ya han adoptado otros países europeos, como Italia y Francia, y que en España puede tener un efecto importante, dada la magnitud de la economía sumergida. A ello hay que sumar la presentación de los objetivos del plan antifraude, algo más de 8.000 millones de euros. Una cifra aparentemente conservadora -frente a los 10.400 millones de euros estimados en el plan vigente para 2011-, puesto que no incluye las regularizaciones voluntarias, que engordan considerablemente el balance final. Más allá de los objetivos numéricos iniciales, la gran batalla que afronta el Ejecutivo en este capítulo no es solo la detección de las bolsas de fraude, sino también el conseguir cobrar esas deudas tributarias. Un reto cuya dificultad los inspectores fiscales conocen sobradamente, pero que todavía es mayor en una coyuntura económica proclive a estimular el ingenio defraudador.
Coincidiendo en el tiempo con la presentación de estas medidas, crecían ayer de nuevo las tensiones en los mercados bursátiles, de deuda y monetarios. El respiro que se ha dado en Navidad el temporal financiero parece tocar a su fin y el castigo que volvió a los parqués europeos, envuelto en nuevas incertidumbres en la UE, se sintió con especial virulencia en la Bolsa española. El anuncio del ministro de Economía, Luis de Guindos, de elevar en 50.000 millones las provisiones de la banca para sanear los activos inmobiliarios acentuó el nerviosismo de unos inversores a los que les cuesta recobrar la confianza.
Todo esto no hace sino demostrar lo difícil de la tarea que espera al Ejecutivo. El camino que ha iniciado es necesario, aunque esté por ver si surte efectos con la celeridad y exigencia que el momento requiere. En ese sentido, hay que felicitarse por decisiones como poner en revisión los sueldos de los directivos de las entidades financieras que han recibido dinero público. Se trata de una medida que debería haberse adoptado hace tiempo y cuyo retraso no puede entenderse ni justificarse en un país cuya situación económica requiere fuertes sacrificios. No en vano, la tarea del Ejecutivo no es solo imponer, sino también convencer de que ese esfuerzo merece la pena.