La música suena bien, pero falta más letra
Después de las semanas de estricto silencio que decidió adoptar tras su victoria el pasado 20-N, Mariano Rajoy desveló ayer por fin las grandes líneas maestras de lo que será la política económica que regirá el presente y futuro inmediato de España. En uno de los discursos de investidura más esperados y difíciles de los últimos años, dada las condiciones de urgencia económica en que se produce, el próximo presidente del Gobierno desgranó de forma clara, estructurada y con una imprecisión calculada la hoja de ruta con la que aspira a sacar al país de la crisis. Como se esperaba, las llamadas a la austeridad y la responsabilidad marcaron el tono de sus palabras, pero no fueron su único mantra. En un gesto a destacar en un presidente que comienza su mandato respaldado por unas cuotas de poder sin precedentes, Rajoy tendió la mano varias veces a la oposición, los agentes sociales y el conjunto de la ciudadanía. A todos ellos instó al diálogo y a la colaboración en la dura tarea que España tiene ante sí.
El líder popular ha dejado claro cuáles serán las grandes prioridades de su mandato y, lo que es más relevante, las ha acompañado de un calendario de ejecución taxativo. La tarea que se ha marcado -detener la sangría del paro, estimular el crecimiento y volver a crear nuevo empleo- pasa por acometer tres profundas reformas de extrema urgencia -presupuestaria, financiera y laboral- que estarán acompañadas de una batería de medidas de estímulo en los principales ámbitos de la economía. Reformas y medidas que ayer fueron explicadas si no con todo detalle, sí con las suficientes pinceladas como para evidenciar la atonía extrema que ha caracterizado la agenda gubernativa española a lo largo del último año y la existencia cierta de margen de maniobra para aplicar nuevas propuestas económicas, como desde estas páginas hemos recordado más de una vez con machacona insistencia.
El plan de choque anunciado tendrá como primera medida la prórroga de los Presupuestos actuales -los de 2012 deberán estar aprobados antes del 31 de marzo- y un acuerdo de no disponibilidad del gasto que permitirá anular partidas ya previstas. Tomando como base de cálculo la previsiones de déficit para este año del Gobierno en funciones, el líder popular adelantó que en 2012 habrá que asumir recortes por valor de al menos 16.500 millones. Una previsión conservadora, dado que la mayoría de los expertos dan por hecho que España terminará el año con un déficit por encima del 6%. En cualquier caso, los trazos del camino a seguir en materia de gasto público están marcados. Se abre un tiempo de sacrificios, austeridad extrema y férreo control presupuestario con un "único y exclusivo" compromiso de elevación de gasto: la actualización de las pensiones a principios de 2012, primera promesa electoral que el presidente cumplirá.
Seis meses es el plazo que Rajoy ha fijado para culminar la asignatura pendiente del saneamiento del sector financiero, en el que ha adelantado que exigirá a las entidades la limpieza a fondo de los balances, mayores necesidades de recapitalización y más fusiones para recuperar la confianza y reabrir el grifo del crédito. Las aportaciones de los agentes sociales a la reforma laboral, de la que adelantó novedades como la eliminación de las prejubilaciones o la bonificación del 100% de las cuotas a la Seguridad Social del primer contrato a menores de 30 años, deberán estar cerradas en la primera quincena de enero. A todo ello hay que sumar la reforma fiscal, con apuestas como los incentivos para las pymes y para potenciar la reinversión de beneficios empresariales o la recuperación de la deducción por vivienda, así como las propuestas en materia energética -indeterminadas, por el momento- turismo y educación, entre otros capítulos. Un programa ambicioso cuyo gran reto consiste en una aplicación firme y sin concesiones, de la mano de un equipo todavía por desvelar, y que desde aquí vigilaremos con suma atención y el máximo rigor.