Una gobernanza racional para las cajas
El proceso de purga y racionalización del sistema financiero español se ha concentrado con especial intensidad en la precaria y agónica salud del sector de las cajas de ahorros. Desde que comenzó la reorganización del mapa bancario, tres de estas entidades han tenido que ser intervenidas, otras tres nacionalizadas y un total de 21 han recibido inyecciones de capital público. A ello hay que sumar la severa reducción de sus plantillas y el adelgazamiento de la extensa y sobredimensionada red de oficinas con que contaban, en aras de un saneamiento y una mejor gestión de los recursos absolutamente imprescindible.
Como saldo visible de esta catarsis, en el último año el número de entidades de ahorro ha pasado de 45 a 15. Sin embargo, y pese a lo que sería racional y deseable, ese proceso no ha venido acompañado de una reducción equivalente en cuanto al número de órganos de administración y control, que se ha mantenido inalterable, y al que han venido a sumarse otros órganos de la misma naturaleza fruto de la creación de las entidades que han surgido de las fusiones. Las 24 cajas de ahorros que se han integrado como accionistas en grandes conglomerados -es el caso de Bankia, Banca Cívica, BMN, Liberbank o Caja3- han mantenido activa su antigua estructura en lugar de hacerla desaparecer o de reducirla al mínimo tras el proceso de concentración. Y ello ha traído consigo que durante el último ejercicio un total de 35 entidades con sus correspondientes órganos de gobernanza hayan seguido operando en una escandalosa e injustificable hipercefalia, especialmente sangrante si se tiene en cuenta el contexto y las circunstancias en que está inmerso el sector y el conjunto de la economía española. Las cifras hablan por sí solas: 35 asambleas generales, alrededor de 5.000 miembros de esas asambleas, 625 consejeros y un gasto agregado de unos 25 millones de euros en concepto de dietas, desplazamientos, alojamientos y otros gastos.
A estas alturas no existe ningún argumento válido para justificar el mantenimiento de este descomunal entramado organizativo y del gasto que trae consigo en unas entidades cuyos graves problemas han hecho necesario en muchos casos inyecciones de dinero público. Después de la profunda reorganización llevada a cabo en el mapa financiero español, la actividad de las cajas se limita a desempeñar su papel de accionistas a través de los bancos y a gestionar una obra social que debe mantenerse, pero también redimensionarse y adaptarse a la realidad económica actual. Ambas funciones no justifican el mantenimiento del elevado número de asambleas y de comisiones de todo tipo que han sobrevivido a la reorganización del sector y que hoy por hoy se hallan vacías de competencias. Tras el escandaloso rosario de indemnizaciones y jubilaciones millonarias que ha adornado la salida de varios de los directivos de las cajas, esta hiperinflación de órganos de gobierno resulta aún más flagrante y contribuye a perpetuar la dañada imagen que han ayudado a generar buena parte de estas entidades.
Los sindicatos han comenzado a dar la voz de alarma sobre la incoherencia que supone el hecho de que el adelgazamiento de plantilla llevado a cabo en las cajas no haya ido acompañado de un ejercicio similar en la cúpula de administradores. Ello no implica únicamente un problema de responsabilidad y de coherencia por parte de los gestores de las entidades, sino de cumplimiento de la legalidad vigente, que entre otros extremos establece que el número máximo de integrantes de las asambleas sea de 160, cuando algunas de ellas cuentan con más de 300. Todos estos datos apuntan a que buena parte de las cajas de ahorros continúan viviendo inmersas en una suerte de realidad paralela, absolutamente ajena a la gravísima coyuntura que vive el sector financiero y el conjunto de la economía en toda Europa. A estas alturas no debería ser necesario recordar que la transformación de la naturaleza jurídica de las cajas no puede quedarse en una mudanza puramente formal, sino que tiene que traducirse en una visión del negocio, la organización y la propia estructura radicalmente diferente. De ello depende en último término no solo su futuro, sino su supervivencia.