¿Qué Gobierno subirá la tarifa el 1 de enero?
Para bien o para mal, la tarifa eléctrica tendrá que ser revisada el próximo 1 de enero. Si, como dicen las eléctricas (y la propia norma que fija límites anuales al déficit tarifario que se puede generar), es necesaria una subida de los peajes en un 25%, el Gobierno se enfrenta a un serio problema. Especialmente, después de que decidiera congelar la tarifa el pasado octubre, lo que ha provocado una desviación de 800 millones anuales (en 2012 y 2013).
¿Pero de qué Gobierno estamos hablando? Dado el periodo tan ajustado desde la celebración de las elecciones generales del próximo domingo y el 1 de enero, en que debe entrar en vigor las tarifas de acceso (o peajes) para el primer trimestre de 2012, puede ocurrir que la decisión la tenga que tomar o el actual Gobierno, que para entonces podría seguir en funciones, o un Gobierno popular recién aterrizado. En el mejor de los casos para el PP, si gana por mayoría absoluta y solo tiene que esperar a la resolución de los recursos sobre los comicios, Mariano Rajoy podría formar nuevo Gobierno en la última semana de diciembre. De no lograr dicha mayoría, el nuevo Ejecutivo no tomaría posesión hasta bien entrado el mes de enero.
Cualquiera de las opciones tiene un mal encaje y todo indica que será el actual Gobierno el que lidie con la patata caliente. De hecho, Industria está obligada a enviar, al menos un par de semanas antes de que acabe el año, una propuesta de orden ministerial a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para su informe preceptivo. Además, el 20 de diciembre es la fecha fijada para la celebración de la subasta Cesur que determinará el precio de la energía (que compone el recibo de la luz junto con la tarifa de acceso) a partir del 1 de enero.
En conclusión, la próxima revisión tarifaria se va a encontrar en tierra de nadie: o de un Gobierno en retirada o de otro con apenas un pie en tierra, en el que, además, la cartera de Industria será un apéndice de Economía. No se descarta, en cualquier caso, alguna interlocución entre el Gobierno entrante y el saliente. Pero, dadas las circunstancias, y para desdicha de las eléctricas (y más aún de los consumidores), todo apunta a que ninguno se atreverá a subir de forma significativa la tarifa de acceso (menos aún si el precio de la subasta es elevado). Y la historia se volverá a repetir: la tarifa se congelará; los costes se reconocerán; el déficit engordará; su pago se aplazará a 15 años y la deuda se colocará en el mercado a un interés elevado (¿el 6%?). Y todo ello, a la factura de la luz.
Pero el sistema tampoco gusta a las eléctricas, que temen que en algún momento se les imponga una quita de la deuda, o no les quede más remedio que aceptar una reforma de los costes del sistema. De ahí el empeño de Unesa en que se aplique una moratoria a la energía solar.
Según un responsable del sector, el Gobierno del PP, cuyo programa en materia de energía "no dice nada", no debe usar la tarifa como un instrumento de política fiscal.