A fondo

Dejar de pagar no es recortar el gasto

El Ministerio de Economía y Hacienda acaba de especificar cuáles serán los departamentos que más sufran las consecuencias del último acuerdo de Consejo de Ministros de no disponibilidad de créditos por valor de 654 millones de euros. O dicho de otro modo para que todo el mundo lo entienda: que hay que aplicar de nuevo la tijera por esa cantidad. A Fomento le ha caído el premio gordo: el principal organismo inversor del Estado deberá reducir su gasto en 500 millones. ¿Cómo llevará a cabo ese recorte? ¿Deberá paralizar más obras de las que ya se vieron inmersas en el ajuste de 2010?

Fuentes del sector constructor vienen denunciando desde hace semanas cómo ya ni Fomento, que tradicionalmente era el Ministerio mejor pagador, es puntual en sus plazos para cumplir con sus facturas. "Parece ser que el problema es que 500 millones de los presupuestados ya no están disponibles para gastar", comentaba un directivo de una de las principales patronales de la construcción.

Certificación 'ficticia'

Ningún partido cree de veras prioritario poner freno a la morosidad

Ante esa falta de liquidez, Fomento parece haber tomado la opción de seguir certificando la obra que se ejecuta mes a mes, aunque de manera un tanto ficticia.

La certificación de obra es el documento con el que los ingenieros y la dirección general de turno verifican que cada parte de la obra ha sido ejecutada y finalizada. Una vez que se emite oficialmente, se envía al Tesoro para que proceda a su pago al contratista correspondiente. En este punto no hay margen para los retrasos, ya que si eso ocurre, "automáticamente se generan intereses de demora", confirma un técnico de una empresa constructora.

Lo que sí está ocurriendo es que antes de dar el visto bueno definitivo a la certificación de obra, este documento pasa a ser retenido y no termina de tramitarse con el objetivo de ganar tiempo y, claro está, ahorrarse el pago de esa factura.

Dadas las alturas del año en las que nos encontramos, buena parte de esas certificaciones de obra no verán la luz hasta 2012 y entonces será ya un quebradero de cabeza más para el nuevo equipo gestor del Ministerio de Fomento.

Esto no es reducir costes, no es ajustar nada, puesto que se trata de trabajos realizados por las empresas que terminarán cobrando, y sí es comprometer por adelantado una parte importante de los presupuestos del próximo ejercicio. Y como siempre, son todas las compañías que participan en cada proyecto y sus proveedores quienes pagan estos retrasos.

Lo peor de toda esta situación no son las dificultades en las que ha dejado a numerosas constructoras esta forma de hacer las cosas, son las pequeñas y medianas compañías que se han quedado por el camino. De hecho, la construcción, tres años después de haber estallado la crisis económica, continúa destruyendo empleo. "Hoy por hoy, la morosidad acucia más a las empresas que la caída de su negocio, ya que antes podían apelar al crédito, ahora ya no les queda ese recurso, solo les resta echar el cierre", coinciden en señalar los expertos partidarios de medidas más taxativas contra los retrasos en los pagos tanto en la Administración como en el sector privado.

A este problema de las certificaciones de obra impagadas por no estar tramitadas del todo, Fomento tendrá que sumar el año que viene otro galimatías. Con los datos que maneja la oposición, la apertura de anualidad de 2012 supondrá para este Ministerio contar con unos fondos de 4.497 millones de euros y, sin embargo, los pagos comprometidos ascienden a 9.503 millones. Ese desfase de algo más de 5.000 millones se explica por haber ajustado el presupuesto para inversión y no haber tenido en cuenta que la reprogramación de obras eleva los pagos pendientes en años sucesivos. Al nuevo Ejecutivo no le quedará más remedio que solventar la situación con una ampliación de crédito.

Y metidos de lleno en la campaña electoral, ¿hasta cuándo creen las autoridades que podrá continuar esta cultura casi exclusiva de los países mediterráneos del no pago que no pasa nada? Lo más triste es comprobar que ningún partido político considera prioritaria de verdad la lucha contra la morosidad y quizá sea esta una de esas tan manidas reformas que antes podría traducirse en creación de empleo. Prueben y verán.