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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La crisis exige propuestas electorales claras

A finales de esta semana arranca oficialmente la cuenta atrás hacia las elecciones generales del 20 de noviembre. Serán 15 intensos días de campaña electoral que abrirán el camino a unos comicios cruciales que estarán inevitablemente marcados por el escenario de la profunda incertidumbre en que está actualmente inmersa la economía española. Tanto el Partido Popular como el PSOE afrontan con distintas perspectivas el maratón de esta campaña. Los primeros llegan a la carrera fortalecidos por el elevado número de encuestas que apuntan a su holgada victoria; los segundos lo hacen fuertemente presionados por la necesidad de asegurar un resultado que contradiga las malas perspectivas que les otorgan los sondeos. Pese a ello, tanto unos como otros inician la campaña con la conciencia cierta de que el Gobierno que salga de las urnas el 20-N tiene ante sí una tarea dura, desagradecida y plagada de retos de extraordinaria dificultad.

A la cabeza de esta suerte de 12 trabajos de Hércules -en realidad, serán bastantes más de una docena- se erigen tres grandes tareas que el nuevo Ejecutivo deberá apurar tan pronto reciba el testigo del Gobierno saliente. La primera de ellas será la puesta en marcha de una profunda reforma del mercado laboral y de la negociación colectiva, cuya urgencia requerirá pulso firme y pleno uso de las potestades reglamentarias que competen legítimamente al Gobierno. Los cinco millones de parados que soporta en estos momentos la economía española constituyen un argumento lo suficientemente contundente como para exigir al nuevo Ejecutivo que la asignatura pendiente de la reforma del mercado de trabajo se acometa cuanto antes y de forma efectiva, esto es, sin supeditar necesariamente su ejecución al resultado de un diálogo social -que con toda seguridad será conflictivo- y que puede retrasarla indefinidamente.

El proceso de consolidación fiscal ocupará obligatoriamente un hueco crucial en la agenda del futuro Ejecutivo. El exigente calendario de reducción del déficit marcado por Bruselas -que este año debe cerrarse en el 6%- hará necesario continuar con una política de recortes y austeridad que exigirá grandes sacrificios y resultará extraordinariamente difícil de explicar a una ciudadanía que ha visto mermar su renta y su poder adquisitivo a un ritmo vertiginoso. El trío de retos de la nueva legislatura se completará con la culminación de la reforma del sistema financiero y el cumplimiento de las nuevas exigencias de recapitalización que se acaban de acordar en Bruselas. Todo ello ha de conformar los mimbres imprescindibles para poder estimular un crecimiento económico sin el cual España no podrá afrontar la salida de esta crisis.

Pese a que la singular naturaleza de la contienda electoral hace improbable que los partidos políticos presenten todas y cada una de las propuestas que guardan en la cartera, el análisis de los programas de los dos grandes partidos en estos comicios demuestra que tanto uno como otro tienen muy presentes estos retos. Por parte del Partido Popular, se plantean ideas como la aprobación de un ley de estabilidad presupuestaria antes de 100 días o una reforma de la negociación colectiva que prime el convenio dentro de la empresa y facilite la opción de descuelgue para la pyme. El PSOE, por su parte, apuesta por potenciar la lucha contra el fraude fiscal y ofrecer estímulos a la contratación indefinida, entre otras medidas.

Las dos semanas de campaña electoral que precederán a los comicios del 20-N son terreno fértil para la crítica exacerbada, las acusaciones cruzadas y la demagogia fácil y grosera. A pesar de que se trata de una suerte de daño colateral unido a la inevitable contienda política, la difícil situación que atraviesa la economía española en estos momentos hace obligado reflexionar sobre las reglas de juego que deberían marcar esta campaña. Más allá de forcejeos dialécticos y enfrentamientos personales, los ciudadanos merecen asistir a una disputa serena en la que las distintas opciones políticas expliquen con claridad y realismo las recetas con las que pretenden sacar a España de la difícil coyuntura en que está inmersa. En ese fair play -deseable siempre, pero absolutamente exigible hoy- no debería tener cabida utilizar la crisis como arma arrojadiza, sino para una crítica firme, pero también responsable y constructiva.

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