Correcto política y financieramente

El Gobierno decidió ayer aplazar tres meses la decisión sobre la adjudicación de la cogestión de los aeropuertos de Barajas, en Madrid, y El Prat, en Barcelona, lo que en la práctica es suspender sine díe la operación, dado el carácter terminal que tiene la actual Administración. Como hace menos de un mes en el caso de Loterías y Apuestas del Estado, la situación financiera internacional ha jugado un papel determinante en el desenlace de la operación: si entonces no había forma humana de cubrir la oferta institucional, orientada hacia grandes fondos extranjeros, ahora la justificación es la presión de las compañías que aspiraban a los contratos y que precisan levantar recursos en el mercado en un momento de sequedad y carestía.

La decisión del Gobierno, en la que podría haber influido también la presión del Partido Popular, que amenazó con revisar el proceso y anularlo si apreciaba indicios de minusvaloración de los activos, ha sido la correcta desde el punto de vista financiero, pero también desde el político. Es difícilmente justificable que una Administración en periodo de semiinterinidad, como la actual, ponga en manos privadas la gestión de una actividad estratégica como la de los dos mayores aeropuertos, puesto que tal naturaleza tienen tanto desde el punto de vista económico como de seguridad.