La nueva cúpula de NCG investigará las indemnizaciones millonarias de los exdirectivos
La salida de directivos de Novacaixagalicia (NCG) poco antes de su nacionalización está levantando ampollas en el sector financiero. Fuentes próximas a la entidad señalan que el nuevo equipo gestor investigará las indemnizaciones millonarias recibidas por algunos exdirectivos, como José Luis Pego (exdirector general), Javier García Paredes y âscar Rodríguez (exdirectores generales adjuntos), y Gregorio Gorriarán (exresponsable del grupo inmobiliario). Cobraron entre cinco y ocho millones.
Las millonarias indemnizaciones que ha recibido buena parte de la cúpula de NCG, resultado de la unión de Caixa Galicia y Caixanova, estaban contempladas en los contratos establecidos con la alta dirección, datados en 2006, salvo el de Javier García Paredes, posterior a la fusión. Unas cantidades que incluyen tanto el importe correspondiente a las prejubilaciones como las compensaciones pactadas en caso de cese de contrato.
Fuentes próximas a la entidad gallega aseguran que los nuevos gestores van a investigar estos pactos, que cuestionan desde "el punto de vista ético". Con estas medidas, la cúpula de NCG intenta marcar distancias con el reciente escándalo en Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entidad intervenida por el Banco de España, y en la que se ha decretado el despido disciplinario de María Dolores Amorós, acusada de haber pactado unas condiciones económicas en caso de cese a espaldas de los órganos de gobierno. Estas incluyen una pensión vitalicia de 370.000 euros. En el caso de CAM, además, el supervisor también estudia si emprender acciones contra otros exdirectivos de la caja, entre los que se encuentra el exdirector general, Roberto López Abad, por las elevadas indemnizaciones.
Según sostienen fuentes próximas al banco gallego, el exdirector general, José Luis Pego, habría recibido en torno a ocho millones en concepto de prejubilación e indemnización. Pego, de 54 años, percibía un sueldo anual de 600.000 euros, por lo que esta cifra es el resultado de sumar esta cantidad durante los 11 años que le quedan para su jubilación, teniendo en cuenta el IPC estimado cada año (+3%), además del blindaje. El exdirector general abandonó su cargo a mediados de septiembre, coincidiendo con la llegada de César González Bueno, actual consejero delegado.
El exdirector general adjunto de la oficina de integración, âscar Rodríguez Estrada, habría cobrado unos siete millones de euros y el ex responsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, unos cinco millones de euros.
Diferentes fuentes financieras afirman que el único que habría renunciado a una parte de la cantidad que le correspondía como alto directivo por su salida ha sido Javier García Paredes, exdirector general adjunto de la entidad. Aún así, García Paredes, de 51 años, habría cobrado, siempre según calculan esas mismas fuentes, alrededor de siete millones.
El objeto de las críticas no solamente se centra en las últimas bajas derivadas de la llegada de José María Castellano, presidente de NCG Banco, y de su número dos, César González Bueno, sino que apuntan también al entorno familiar del expresidente de Caixa Galicia, José Luis Méndez. En concreto, las críticas apuntan a uno de sus hijos, José Luis Méndez Pascual, que hasta el pasado mes de julio ocupaba el cargo de consejero delegado de la Corporación.
Las elevadas indemnizaciones, recibidas poco antes de la entrada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el pasado viernes, han levantado una polvareda en Galicia. El FROB ha inyectado a la entidad un cantidad global de 2.500 millones de euros para su recapitalización, con lo que el Estado ha pasado a controlar el 93% del capital de NCG.
Capital privado
La entidad, no obstante, negocia con diferentes fondos de inversión y empresarios de origen gallego para que estos recompren participaciones al fondo. Según el acuerdo, la transacción se realizaría, antes de finales de este año, al mismo precio que ha pagado el Estado.
Fuentes próximas a la entidad financiera señalan que José María Castellano había conseguido el compromiso ya de una inversión de alrededor de 900 millones de euros. Con ello cubriría con holgura el objetivo marcado, que es captar capital privado entre 500 y 700 millones.
Amorós habla
La exdirectora general de CAM, María Dolores Amorós, negó ayer haber cometido irregularidad alguna, y "mucho menos de forma ilegal", durante sus años en la caja alicantina, al tiempo que destacó que su actuación fue siempre "leal, recta y transparente".