Extorsiona, extorsiona, que algo queda
El cambio de color político en los gobiernos de numerosos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas tras las pasadas elecciones del 22 de mayo continúa deparando hoy, cuatro meses después, sorpresas, sustos y, por desgracia, más de un disgusto a multitud de empresas. Todos aquellos profesionales o compañías de bienes y servicios a quienes alguna de estas administraciones debía alguna factura albergaron esperanzas de poder cobrar sus deudas con la llegada del nuevo equipo de gobierno. Pero qué desilusión. En la mayor parte de los casos, los deudores siguen apelando a la paciencia y a la maltrecha situación económica para seguir sin pagar y, en algunas ocasiones, ni siquiera avanzar cuándo podrían hacerlo. Pero esta circunstancia, aún siendo extremadamente grave para la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas, no es lo peor.
Lo más alarmante es que algunas de estas administraciones han llegado incluso a utilizar prácticas presuntamente mafiosas para tratar de convencer a algunos de sus acreedores de que renuncien a parte de su deuda. "Si continúan acosándonos, acudiremos a los medios de comunicación", repiten desde una corporación municipal a una gran empresa de suministros. La mayoría de estas compañías decide ceder a esa especie de 'chantaje emocional' para evitar el escándalo público. Otras, por el contrario, han respondido: "pues, acudan". "Ya se sabe que según como lo plantee la administración de turno, el capital privado es siempre el malo y lo público es lo bueno", admiten fuentes de una de las empresas presuntamente coaccionadas para que dejen de reclamar facturas pendientes de cobro.
Igual alguna de estas administraciones cree que llevando a cabo estas prácticas no solo ganan tiempo para poder hacer frente a sus pagos, sino que llega alguien que finalmente decide perdonar o condonar buena parte de esas facturas. Quede constancia de que esta especie de supuesta extorsión se produce en algunos casos también en sentido contrario. Es decir, que existen empresas que tratan de presionar a ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas para que les paguen lo que les adeuden con la apostilla de: "si no obtengo respuesta, acudiré a los periódicos".
Parece que acudir a los medios de comunicación fuese la panacea, precisamente en un país con tan bajo índice de lectura de prensa diaria. Lo realmente preocupante es que nadie en su sano juicio, ni empresas ni administraciones sean capaces de frenar estas prácticas. Ya saben, igual pesa más aquello de extorsiona, extorsiona, que algo queda.