Las rentas altas y los empresarios hacen frente común contra Patrimonio
El Ejecutivo dio luz verde el viernes al decreto ley que reactiva el impuesto del patrimonio dos años. El mínimo exento se incrementa desde 108.000 a 700.000 euros, por lo que 160.000 contribuyentes estarán obligados a pagarlo, según calcula Hacienda. Las rentas altas y los empresarios hicieron frente común para criticar la medida por innecesaria e injusta.
Este impuesto, que se suprimió en 2008, permitirá recaudar unos 1.080 millones de euros al año, según Hacienda. Su restablecimiento ha provocado un frente común entre las rentas altas, que se consideran perjudicadas, y los empresarios, que apuntan a que este nuevo tributo dañará su actividad justo en un momento de fuerte debilidad económica. Un ejemplo que muestra la indignación que ha causado la decisión del Ejecutivo es el hecho de que el presidente del Santander, Emilio Botín, muy poco proclive a hacer manifestaciones públicas, se pronunciara al respecto. "Lo he dicho una vez y lo repito. Me parece que está muy mal que se vuelva a poner", recalcó en un acto celebrado el viernes en la capital cántabra.
A las críticas de Botín se unieron las de los representantes de las grandes patronales empresariales. "Los ricos indudablemente no tienen 700.000 euros, tienen muchísimo más y lo tienen en Sicav y en otros instrumentos. Esos van a seguir pagando los impuestos que pagaban. Aquí a lo que se grava es a la clase media que consume", apuntó Arturo Fernández, vicepresidente primero de CEOE en una entrevista en Punto Radio. En su opinión, la recuperación de ese tributo tiene un carácter estrictamente "electoralista" y tan solo afectará a la clase media. "Si ser rico después del ahorro de toda la vida es tener 700.000 euros en un patrimonio, pues yo creo que a las clases medias españolas las vamos a dejar peor de lo que están. Es una equivocación, es pan para hoy y hambre para mañana", subrayó.
Alta tributación del ahorro
La patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) también se mostró muy crítica con el restablecimiento del tributo. En un comunicado lo calificó de "injusto" y advirtió que empeorará el acceso a la financiación de las pymes. Asimismo, la patronal presidida por Jesús Terciado denunció que la recuperación para este año, cuando ya han pasado tres cuartas partes del mismo, "dota de una imprevisibilidad absoluta a los agentes económicos para evaluar el coste y la repercusión de esta medida en la toma de decisiones que afectan al ahorro y, por tanto, a la inversión productiva. La alta tributación que ya soporta el ahorro en el IRPF, unida a los bajos tipos de interés y a la inflación, hace que en la actualidad su rentabilidad neta sea ridícula", remarcaron. Además, señalaron que el impacto no solo se queda en territorio nacional, ya que también hay extranjeros (como jubilados o inversores) que poseen patrimonio en territorio español, lo que podría provocar la fuga de inversión extranjera hacia otras economías con una fiscalidad más favorable.
Los fiscalistas también se unieron a las críticas de las rentas altas y de los empresarios. El presidente de Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Juan Carlos López Hermoso, aseguró que esta recuperación supone el reconocimiento "expreso" de que el Impuesto sobre Patrimonio no es el medio "más adecuado", ni como figura impositiva ni desde el punto de vista de la política tributaria. En este contexto, reiteró la necesidad de abrir un debate en profundidad sobre la reforma de un sistema tributario "que ha de garantizar los ingresos públicos necesarios para el sostenimiento del Estado sin penalizar la actividad económica y favoreciendo la competitividad". En su opinión, es inevitable que en los próximos años se produzca una subida de impuestos y cree que hay margen para un incremento del IVA acompañado de una reducción en las cotizaciones sociales. Hermoso también se mostró partidario de suprimir bonificaciones y deducciones en Sociedades y de una "revisión en profundidad" del IRPF, el impuesto del que se obtiene una mayor recaudación.
Pero no todo fueron críticas respecto a la recuperación de ese impuesto. Algunas voces incluso lo calificaron de insuficiente. Fue el caso del sindicato USO, que reclamó que la medida no tuviera carácter temporal (solo se va a aplicar durante dos años). "Si nadie cuestiona que las grandes fortunas contribuyan solidariamente a mejorar el equilibrio presupuestario, no se entiende el sentido de fijar una fecha de caducidad", señaló la organización en comunicado, en el que exigió también la creación de una tasa fiscal a los bancos. "¿No sería justa una contribución del sector financiero, al cual todos los ciudadanos hemos tenido que socorrer con nuestros impuestos?", incidió.
En la misma línea, UGT señaló en un comunicado que en lugar de recuperar figuras tributarias desaparecidas, el Ejecutivo debería modificar otras como el impuesto de sociedades "para mejorar su capacidad de recaudación y vincularlo al empleo". El sindicato sugirió el establecimiento de nuevas figuras, como "un impuesto específico de carácter universal para financiar la sanidad".
En concreto, reclamó una "modulación" del impuesto de sociedades en función de si las empresas reinvierten sus beneficios en la actividad productiva de la propia compañía, en la creación de empleo o mediante incentivos a los dividendos de sus accionistas. Asimismo, instó a aplicar a los ingresos de capital, como bonos u opciones sobre acciones, las mismas tasas impositivas que a los ingresos derivados del trabajo, así como a crear una verdadera tasa sobre el conjunto de las transacciones financieras.
Aguirre aún no ha decidido si aplicará el tributo en Madrid
Los grandes patrimonios madrileños y del resto de España están muy pendientes del Gobierno de Esperanza Aguirre. La Comunidad de Madrid aprobó en 2008 una bonificación del 100% sobre la cuota del impuesto y, si no modifica la normativa, la recuperación del tributo quedará sin efecto en la Comunidad de Madrid. Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguraron que todavía no han tomado una decisión al respecto. De la postura que adopte la Comunidad de Madrid dependerá que un patrimonio de, por ejemplo, 10 millones de euros pague 148.000 euros en 2012 y 2013 o quede exento. Por otra parte, los expertos coinciden en que si Madrid mantiene la bonificación, fortunas de otras regiones instalarán su residencia fiscal en la capital.El impuesto del patrimonio se tributa en la comunidad donde el contribuyente tenga su vivienda habitual, independientemente del lugar donde se encuentran sus bienes.La Comunidad Valenciana es la única región que ha dicho de forma rotunda que no aplicará el impuesto. El resto de gobiernos autonómicos del PP, con la excepción de Extremadura, se muestran en contra aunque algunos como el de Baleares aseguran que no boicotearán su recuperación. La Generalitat de Cataluña, por su parte, aplicará el tributo. Cuando el Gobierno eliminó en 2008 el impuesto sobre el patrimonio, estableció una compensación a las comunidades para los ejercicios 2009, 2010 y 2011. En este sentido, el portavoz del Gobierno, José Blanco, aseguró el viernes que las regiones que no apliquen el impuesto no recibirán la compensación. Sin embargo, desde Economía aseguran lo contrario y recuerdan que la compensación por Patrimonio figura en la Ley de Financiación Autonómica. Por tanto, el Estado no puede unilateralmente incumplir esa normativa.