Guía para entender lo acordado entre las comunidades y el Estado

Las comunidades tienen un problema. No sólo deben afrontar el mayor recorte fiscal de su historia sino que, además, tienen una deuda astronómica con el Estado (23.100 millones de euros) que deberán abonar en los próximos años. Gobierno central y autonómicos intentaron atajar el problema ayer en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Estas son las claves para entender los aspectos que se debatieron:

¿Qué ofrece Salgado? Las comunidades tienen que devolver 23.100 millones de euros, de los cuales 5.000 deben ser reembolsados en 2012. La vicepresidenta económica ofreció una línea del ICO para cubrir la mitad de ese importe. Así, las comunidades tendrán una línea abierta de financiación que alcanzará los 2.500 millones el próximo año. Esta medida permite dotar de liquidez a las comunidades sin que ello repercuta negativamente en las cuentas de la Administración central.

¿Qué condiciones fijará el ICO? La letra pequeña se conocerá en los próximos días. De momento, se sabe que los créditos se devolverán en un plazo de tres años y deberán destinarse a pagar a proveedores. No supondrá incremento de déficit ni de deuda. El ICO obtendrá el dinero del mercado y las comunidades pagarán los intereses.

¿Qué otros aspectos se abordaron ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Se aprobó el objetivo de estabilidad presupuestaria de 2012, 2013 y 2014 para cada una de las regiones. El objetivo de déficit será del 1,3% el año próximo, para bajar hasta el 1,1% y el último año al 1%. Además, el Ejecutivo concedió seis meses de plazo a las comunidades para que diseñen su propia regla de gasto, que fijará un límite que no se pueda sobrepasar.

¿Qué peculiaridades tendrá esta regla de gasto? Cada comunidad podrá establecer su propia estructura de gasto, pero deberá tener una línea común que se desarrollará a partir de septiembre. Un equipo de trabajo establecerá un marco de mínimos para todas las regiones.

¿Qué elementos comunes tendrán que contener las reglas de gasto de las comunidades? A la espera de un mayor desarrollo, todos las normativas autonómicas deberán atenerse a la vinculación del gasto con el crecimiento del PIB en su región. La normativa autonómica de gasto tendrá en cuenta las previsiones de los tres años siguientes, así como los resultados de los tres años anteriores. Las previsiones de crecimiento futuro serán las establecidas por el Gobierno central para el conjunto de España.

¿Por qué las comunidades deben 23.100 millones al Estado? Por las entregas a cuenta que recibieron en 2008 y 2009, que superaron con creces la recaudación real.

¿Qué son las entregas a cuenta? Son los anticipos que el Estado transfiere a las comunidades. Hacienda, cada año, adelanta a los Ejecutivos autonómicos la parte que les corresponde de la recaudación prevista por IRPF, IVA e impuestos especiales. Y cada ejercicio fiscal se liquida dos años después. Es en ese momento cuando se conoce si las entregas a cuenta que recibieron las comunidades sobrepasaron los ingresos reales o se quedaron por debajo. Si los anticipos son inferiores a la recaudación, el Estado paga la diferencia. Y si excedieron los ingresos reales, son las comunidades quienes deben asumir ese coste.

¿Qué sucedió en 2008 y 2009? Hacienda falló como nunca antes lo había hecho en sus previsiones. No calibró en su justa medida la crisis que se cernía sobre España. Los ingresos cayeron mucho más de lo estimado. Así, en 2008, el Estado entregó 4.847 millones de más. Y, en 2009, anticipó 18.736 millones que nunca llegaron a recaudarse. La diferencia de 2008, en principio, debería haber sido devuelta en 2010 y, la de 2009, debía reembolsarse en 2011.

¿Por qué no se devolvieron en su momento? El Gobierno entendió que las comunidades no tenían capacidad para devolver ese dinero sin quebrar el Estado del bienestar. Así, permitió que los reembolsos se iniciaran un año después del previsto y, además, ofreció la posibilidad de pagar las liquidaciones negativas en cinco años (60 mensualidades). Así, este año, las comunidades han pagado una quinta parte de su deuda contraída en 2008 y, en 2012, deberán retornar a la Administración central unos 5.000 millones.

¿Puede una comunidad negarse a pagar las entregas a cuenta que recibió de más? No, aunque ganas no les faltan. Es el Gobierno quien resta de las entregas a cuenta de cada ejercicio las deudas registradas por los anticipos de años anteriores.

¿Qué pedían las comunidades ayer? Exigían que el Ejecutivo alargara el plazo de devolución de los 23.100 millones, de cinco a diez años para así reducir la cuantía que deben pagar cada año. El Ministerio de Economía lo rechazó ya que ello supondría un coste para la Administración central. Ahora las comunidades estudiarán la condiciones de la línea ICO ofrecida, aunque la consideran insuficiente.