El ICO financiará la mitad de lo que deben pagar las regiones al Estado en 2012
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ofreció ayer una línea de crédito del ICO para que las comunidades puedan financiar la mitad de su deuda con el Estado correspondiente a 2012 y que asciende a 5.000 millones. La regiones deben a la Administración central 23.000 millones por las liquidaciones negativas de 2008 y 2009. Sin embargo, el Gobierno rechazó fraccionar en diez años el pago de la deuda tal y como pedían las regiones.
El Gobierno nunca se había enfrentado a un Consejo de Política Fiscal y Financiera tan hostil como el de ayer. Todas las comunidades sin excepción reclamaron al unísono que el Gobierno permita a las regiones pagar en diez años las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 en lugar de los cinco que contempla la ley.
En ambos ejercicios, las entregas a cuenta que transfirió Hacienda a las comunidades autónomos fueron excesivas y partieron de unas estimaciones de ingresos muy optimistas. Es decir, las regiones recibieron en 2008 y 2009 un dinero que nunca llegó a recaudarse y que ahora deben devolver. La cifra alcanza los 23.000 millones de euros, una cantidad estratosférica e inasumible para los presupuestos autonómicos. De ese importe, las comunidades deben devolver en 2012 en torno a 5.000 millones. Salgado anunció que el ICO pondrá en marcha una línea para que cubrir la mitad de esa deuda con la condición que esos préstamos se destinen a pagar a proveedores. En los próximos días, el Ministerio de Economía remitirá las condiciones exactas de la línea, aunque Salgado avanzó que los préstamos se devolverían en tres años.
En cualquier caso, la vicepresidenta señaló que las entregas a cuenta para el próximo años se incrementarán en 8.000 millones de euros. Las comunidades contarán el año próximo con más recursos, señaló que las comunidades tendrán una "capacidad de gasto de 12.000 millones".
Por otro lado, todas las comunidades se comprometieron a presentar en un plazo de seis meses a sus respectivos parlamentos regionales una regla de gasto que impida fijar partidas presupuestarias por encima de un determinado nivel. A partir de septiembre se configurará un equipo de trabajo para establecer las características de esta nueva normativa. En cualquier caso, la intención de Salgado era salir de la reunión de ayer con un acuerdo ya cerrado. Sin embargo, las comunidades del PP -todas con la excepción de Cataluña, País Vasco, Navarra y Canarias- rechazaron la regla de gasto de Salgado, que consideraron insuficiente para recortar el déficit.
En cualquier caso, los datos estadísticos ilustran la necesidad de tutelar normativamente los Presupuestos autonómicos. En el primer trimestre, el gasto de las comunidades aumentó un 5,4%, a pesar de que todas ellas habían hecho de la austeridad y de la disciplina presupuestaria una bandera. Resulta sorprendente que precisamente en el año en que las comunidades deben realizar el mayor ajuste de su historia empiecen el ejercicio con aumentos del gasto. Las regiones cerraron 2010 con un déficit del 2,8% del PIB (30.097 millones de euros), una cifra que este año deberán rebajar hasta el 1,3% (13.813 millones). En otras palabras, las comunidades deberán reducir su déficit este ejercicio en 16.284 millones. Nunca antes se habían enfrentado a un reto tan exigente.
En cualquier caso, el consejo aprobó el objetivo de estabilidad para 2012 para cada una de las comunidades autónomas. Las regiones del PP se abstuvieron aunque reafirman su compromiso por recortar los números rojos. El próximo año, al igual que este, no podrán registrar un déficit superior al 1,3%. Una cifra que en 2013 bajará hasta el 1,1% y, en 2014, al 1%. Con todo, algunas comunidades como Cataluña, Extremadura y Castilla-La Mancha ya han trasladado al Gobierno su imposibilidad para cumplir este ejercicio con el objetivo de estabilidad. La Generalitat ha presupuestado un déficit del 2,66% para este año, lejos del 1,3% que exige Salgado. El Gobierno de Castilla-La Mancha, por su parte, asegura que los números rojos en el segundo trimestre ya superaron el 6%. De hecho, ambas comunidades son las únicas que no han logrado aprobar un plan de saneamiento en el Consejo de Política Fiscal. Ello supone que tanto Cataluña como Castilla-La Mancha no podrán emitir deuda nueva a largo plazo, una situación que dificultará que ambos territorios puedan afrontar sus obligaciones de pago. Una condición indispensable para que Economía per. En cambio, el Consejos de Política Fiscal sí que dio el visto bueno a los planes de saneamiento de Andalucía, Extremadura, Baleares y Comunidad Valenciana. El resto de territorio ya había obtenido el beneplácito de Economía en consejos anteriores. l.
Ante esta situación, las comunidades reclamaron también que el Gobierno abone este año los recursos del fondo de competitividad y de cooperación correspondientes a 2011 en lugar de esperar a que se liquide el ejercicio dentro de dos años. El Ejecutivo, en este punto, también se muestra firme y rechazó abonar ya el importe de ambos fondos.
La batería de medidas que PP puso encima de la mesa incluyó una petición para que el Tesoro avale deuda autonómica de las comunidades que cumplen el objetivo de estabilidad. A día de hoy, solo Madrid, Extremadura, País Vasco y Canarias cumplen tal condición. En cualquier caso, Salgado recordó que la Ley de Estabilidad prohíbe expresamente que el Tesoro avale deuda autonómica. Las comunidades argumentan que la situación actual de los mercados provoca que las comunidades paguen un sobrecoste cuando acuden a los inversores internacionales. Y opinan que el coste financiero sería menor si tuvieran el respaldo del Tesoro.
Zapatero exige que se cumpla "lo prometido"
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero reclamó ayer que las comunidades se comprometan con la senda de reducción del déficit. "Los compromisos están para cumplirlos, más en este momento en que la economía en el marco de la zona euro es aún un bien frágil", dijo poco antes de iniciarse el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En cualquier caso, el tono de Zapatero fue conciliador ante la evidencia que es el PP quien cuenta con el poder territorial. "Sé bien que las circunstancias no son fáciles para nadie", indicó en referencia a las comunidades. Por otra parte señaló que las cuentas de la Administración central están en línea con las previsiones y confió en cumplir el objetivo de déficit.
El Constitucional avala poner objetivos fiscales
El Tribunal Constitucional ha dictaminado que el Estado puede imponer a las comunidades autónomas, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), objetivos de estabilidad presupuestaria como una medida política y económica de carácter general.Así, el alto tribunal desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento catalán contra varios artículos de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2001. Cataluña consideraba que la normativa vulneraba la autonomía política y financiera de la Generalitat. La sentencia se ha hecho pública el mismo día en que el Consejo de Política Fiscal discutió limitar la autonomía del gasto a las comunidades.La Generalitat catalana recurrió la denominada ley del "déficit cero", aprobada por el entonces Gobierno del PP, al entender que suponía una grave limitación de la autonomía financiera de las administraciones autonómicas y locales.En cualquier caso, esta normativa no ha servido para evitar que las regiones registraran elevados números rojos. De hecho, el déficit autonómico alcanzó el año pasado un nivel nunca antes registrado.