El PP enerva a Salgado al sugerir que Economía esconde facturas en el cajón
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, aseguró ayer que las cifras de déficit remitidas por Castilla-La Mancha no cuentan con la firma del interventor de la comunidad. Mientras que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, apuntó que "a lo mejor" el Ministerio de Economía tiene "facturas escondidas".
El Gobierno y el PP se enzarzaron ayer en una batalla dialéctica en torno a la situación real de las cuentas públicas. Elena Salgado restó credibilidad al agujero financiero que el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha liderado por María Dolores de Cospedal asegura que encontró. Salgado reconoció que recibió la documentación remitida por el Ejecutivo regional en la que se específica que el déficit alcanza el 4,9% del PIB y que las obligaciones pendientes de pago superan los 2.600 millones, una cifra muy superior a la reconocida por el anterior Gobierno socialista. Sin embargo, en declaraciones a Radio Nacional, Salgado señaló que los informes económicos no están firmados por el interventor de esa comunidad. Se trata, en palabras de la vicepresidenta, de una cuestión "bastante seria".
Salgado aseguró que es necesario que el interventor de Castilla-La Mancha se siente con el interventor general del Estado para "ver una por una las facturas" que dice tener Castilla-La Mancha, ya que se debe dilucidar qué deuda está computado como déficit del año pasado y cuál es una obligación reconocida". Superado ese trámite, será cuando Salgado se siente con María Dolores de Cospedal, que lleva semanas exigiendo un encuentro con la vicepresidenta económica.
Por otra parte, González Pons logró enervar a Salgado al asegurar que "a lo mejor la vicepresidenta para Asuntos Económicos tiene facturas escondidas". Pons argumentó que tanto en Cataluña como en Castilla-La Mancha se detectó un agujero fiscal mayor tras abandonar el poder los socialistas.
"Hay personas que deberían de haber desaparecido de la vida política española desde hace varios años", dijo Salgado en referencia a Pons. Y justificó la dureza de estas declaraciones en la "irresponsabilidad" que supone poner en duda las cuentas que presenta el Ejecutivo en un momento en que los inversores internacionales han puesto en el punto de mira a España.
Fuentes de Economía recuerdan que el Gobierno remite todos los ingresos y gastos del conjunto de la Administración a Bruselas y Eurostat comprueba que las cifras respondan a la realidad.
Por ejemplo, en abril de 2010, la oficina estadística de la UE elevó el déficit presentado por Grecia. La reacción de los mercados fue fulminante y la prima de riesgo se disparó. Para un inversor, no hay nada peor que descubrir que un país maquilla sus cuentas. Y cuando ello sucede, se pierde una credibilidad que cuesta un mundo recuperar. De hecho, la Comisión Europea ya ha pedido reforzar los mecanismos de control de Eurostat para revisar y auditar con mayor precisión las cuentas de los países miembros con mayores desequilibrios fiscales.
Un Consejo de Política Fiscal caliente
La guerra de cifras amenaza con monopolizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo miércoles, que reúne a los responsables económicos de la comunidades con la vicepresidenta de Asuntos Económicos. Con la excepción de Cataluña, Andalucía, Asturias, Canarias y Navarra, el resto de regiones cuentan con un Gobierno del PP. En cualquier caso, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, acordó ayer en una reunión con los consejeros económicos de su partido apoyar la senda de reducción del déficit público propuesta por el Ejecutivo central. Este es uno de los puntos del día del Consejo de Política Fiscal. Más improbable es que las comunidades del PP acepten la propuesta del Ejecutivo central de fijar una regla de gasto que vincule las partidas presupuestarias al PIB.Por otro lado, el PP aseguró que iniciará los contactos para trabajar de forma coordinada para compartir servicios públicos que permitan reducir los costes. Además, abogan por "constituir centrales de compra que faciliten la implantación en España de un mercado interior".