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USCA alega que la causa penal se ha sobreseído

Los controladores dicen al juez que Aena cerró el espacio antes del plante

La batalla penal entre los controladores aéreos, Aena y los damnificados por el cierre del espacio aéreo del 3 de diciembre de 2010 ha llegado a su punto clave con la declaración ante el juez de 16 profesionales del centro de Torrejón en Madrid. La defensa de los controladores quiere demostrar que el espacio estaba cerrado cuando los imputados alegaron problemas de estrés para abandonar su puesto de trabajo.

Camilo Cela, presidente del sindicato de controladores, USCA.
Camilo Cela, presidente del sindicato de controladores, USCA.JUAN LÁZARO

Ayer dio comienzo el proceso de declaración de 16 controladores aéreos del centro de Torrejón ante la magistrada María del Sagrario Herrero, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. Acuden en calidad de imputados por su presunta participación en el plante laboral del 3 de diciembre de 2010 que provocó el cierre del espacio aéreo en toda España y que afectó a casi medio millón de pasajeros durante el puente de la Constitución.

Este procedimiento, junto a los que se siguen en Barcelona, Baleares, Canarias, Andalucía y Galicia, son claves para el devenir de la causa penal instada en diferentes juzgados territoriales por la fiscalía por la situación generada cuando los controladores abandonaron su puesto de trabajo en una veintena de instalaciones de control gestionadas por Aena. En estas causas se personó en calidad de acusación particular representando a unos 10.000 damnificados el bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo.

Los procedimientos son paralelos a los expedientes abiertos por los mismos hechos por Aena, la empresa propietaria de la red de 48 aeropuertos públicos españoles y titular de la prestación de servicio de navegación aérea. Estos expedientes han quedado en suspenso, a la espera de las sentencias que puedan dictarse en las causas penales en fase de tramitación.

Aunque tanto la defensa de los controladores, que está a cargo del despacho BCN Iuris, como el portavoz oficial del sindicato mantienen un mutismo absoluto sobre los procedimientos penales, (que contrasta con la locuacidad de hace unos meses), fuentes cercanas al colectivo aseguran que los abogados están presentando ante los jueces en aquellos lugares donde ya se ha iniciado el procedimiento documentación con la que quieren demostrar que el espacio aéreo ya había sido cerrado por Aena en el momento en el que los 440 imputados fueron reclamando asistencia médica alegando que el estrés les impedía mantenerse en sus puestos de trabajo.

Precisamente es en Madrid donde resulta más difícil aportar tal documentación porque fue en el centro de Torrejón donde primero se reclamó la asistencia médica por los controladores.

Las fuentes citadas del colectivo de control han asegurado que en varios juzgados territoriales, como los de Valencia, Cantabria, Rioja, Murcia, País Vasco, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León, ha sobreseído la causa penal al no encontrar indicios de delito. Aseguran que los jueces han aceptado documentación que demuestra que el cierre se había producido antes de que los controladores se dieran da baja.

Fuentes de Aena dan una interpretación completamente distinta a esta situación. Afirman que en estos territorios los centros afectados por el plante fueron torres de control y los profesionales se vieron arrastrados por los de la dependencias de navegación en ruta de Madrid y Barcelona. El sobreseimiento en el País Vasco ha sido recurrido.

Presidente

 

Dispensa sindical de Camilo CelaConvocado: el presidente de USCA, Camilo Cela, acude hoy a declarar en calidad de imputado por no presentarse a su puesto de trabajo el día 4 de diciembre de 2010.

Defensa: alegará que a la hora en la que le tocaba turno de control se encontraba en situación de dispensa sindical y reunido con el ministro de Fomento, José Blanco, para intentar la vuelta a la normalidad y la reapertura del espacio aéreo.

Los afectados reclamarán al ente público

La Agrupación de Demandantes Afectados por el caos aéreo provocado por el plante de los controladores en diciembre presentarán una demanda por la vía administrativa para pedir daños y perjuicios contra la empresa pública Aena al entender que el paro salvaje de los controladores se podía haber evitado.Así lo ha avanzado Luis Vericat, abogado del bufete Cremades y Calvo Sotelo, que representa a esta agrupación a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla donde han comenzado a declarar 16 controladores aéreos del centro de Torrejón de Ardoz en Madrid.Vericat ha asegurado que Aena es "totalmente" responsable de lo que sucedió aquellos días, ya que en ningún caso "puede hablar de fuerza mayor" porque, a su juicio, "era previsible y se podía haber evitado"."No supo gestionar ese problema que tenía", ha subrayado el abogado, que ha anunciado que pedirá una indemnización de 10.000 euros por viajero por los daños morales."Es una cantidad razonable, aunque no hay dinero para pagar lo que los afectados pasaron esos días", ha insistido el abogado.Según Vericat, la agrupación que representa reúne a 10.000 afectados por el caos aéreo, lo que supondría un monto cercano a los 10 millones de euros en indemnizaciones.En referencia a la vía penal abierta por el conflicto de los controladores, el letrado ha destacado que no puede ser "casualidad" que 400 de ellos se pusieran de baja al mismo tiempo.Fuentes de Aena aseguraron que el despacho Cremades y los afectados reclaman las indemnizaciones directamente a los controladores. El ente público solo aparece en la causa como responsable subsidiario.

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