COLUMNA

Descalificación de las agencias

La mano invisible del mercado se nos aparece otra vez en forma de agencias de calificación de riesgos, que en castellano llamamos agencias de rating, para inducir con sus notas un pánico muy provechoso a sus accionistas y afines asimilables. En esta ocasión el blanco elegido es Portugal cuya solvencia Moody's ha rebajado cuatro escalones, hasta el nivel del bono basura, al estimar posible que llegara a necesitar un segundo rescate. Ahora la novedad reside en la reacción de la Comisión Europea, para quien la agencia entra en el terreno de lo dudoso sobre la base de escenarios muy cuestionables y siguiendo intereses muy determinados de los especuladores más desaforados. En Bruselas amanece el presidente José Manuel Durão Barroso lamentando el sesgo que resulta de la inexistencia de una agencia de calificación europea. Semejante malandrín se merecería bien el reproche que su madre Aixa hizo al último rey moro de Granada Boabdil cuando se rindió el 2 de enero de 1492: "Llora como mujer lo que no supiste defender como un hombre". Porque es inexplicable que aún sigamos sin esa agencia europea reclamada desde hace años.

Las agencias de calificación no son siete como eran las majors de Hollywood. El 90% del negocio se lo reparten solo entre tres, a saber, Moody's, Standard and Poor's y Fitch. Como en tantas otras ocasiones, se trata de un oligopolio de envidiable e inalterable prosperidad. Su objeto social es velar por la transparencia de los demás mientras por lo que a ellas respecta ofrecen una opacidad propia del reino de las tinieblas. Obran en su haber hazañas admirables dentro del ámbito de sus aguas jurisdiccionales. Por ejemplo, las máximas calificaciones, de triple A positiva, otorgadas al banco norteamericano Lehman Brothers el 14 de septiembre de 2008, víspera de que ocurriera su quiebra en Nueva York. O también la concesión de esas mismas calificaciones a las hipotecas subprime y otros productos de la ingeniería financiera que figuran en el más preciado basurero. A Durão Barroso le incumbe también la clamorosa falta de regulación sobre cuanto se refiere a las agencias de calificación, una situación que les facilita todo tipo de maquinaciones que alteran los valores en el ámbito financiero y en el de la economía real.

Lo mejor del caso es que las agencias tienen una clientela cautiva porque el Banco Central Europeo, lo mismo que la Reserva Federal americana, exigen de manera preceptiva a las empresas, instituciones financieras y Gobiernos que emiten deuda su sometimiento previo al dictamen calificador de las agencias de rating para ser aceptados por ellos como operadores. Así que las agencias son un negocio borracho del que a nadie se rinden cuentas. Esa es también una diferencia respecto de las compañías auditoras que pagaron con la propia desaparición algunos de sus errores colosales, como le sucedió a la afamada Arthur Andersen con la empresa americana de energía Enron. Es fantástico pero el inigualable palmarés de las agencias de rating ha pasado sin consecuencias. Esperemos el próximo libro del profesor Manuel Ballbé, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se analizan todas estas cuestiones con tanta exactitud como pasión.

Mientras, nadie ha presentado excusas, ni rogado que perdonemos las molestias o perjuicios que se nos han infligido. Nadie ha sido destituido, nadie ha ingresado en prisión, nadie ha sido detenido ni presentado al público esposado entre agentes de policía como vimos a Dominique Strauss-Khan, nadie ha comparecido en los tribunales. Como en los juegos de magia: nada por aquí, nada por allá y alehop, la palomita salió de la chistera. Sucede conforme a las pautas del liberalismo científico que nos invade que el Estado se convierte en el facilitador del poder económico en lugar de limitarlo. Así, según explica Tzvetan Todorov en La experiencia totalitaria (Galaxia Gutenberg; Barcelona, 2010), los perdedores, convertidos en desechos del sistema, en tanto que culpables de su desgracia, quedan severamente condenados y excluidos de las ayudas del Estado, consideradas un lastre para la competitividad.

Miguel Ángel Aguilar. Periodista