Un error muy caro en los concursos públicos
Los fuertes recortes económicos en las licitaciones de obra pública que están llevando a cabo las diferentes Administraciones en los últimos años han afectado de manera crítica al sector de la ingeniería española, viéndose agravados en los últimos meses por la progresiva preeminencia de los motivos económicos sobre los técnicos en los criterios de adjudicación en los pliegos de los concursos.
Así pues, las empresas de ingeniería tienen tres problemas principales a los que hacer frente: el deterioro producido por la asignación de presupuestos muy inferiores a los que se manejan en los países de nuestro entorno económico en relación con el coste total de la infraestructura (del orden del 5% de la inversión frente al 8%-10% habitual en otros países); la disminución de un 72% de las licitaciones de la Administración central y un 29% de las comunidades autónomas con respecto a los seis primeros meses de 2010, y a esas ya mermadas ofertas públicas, que priman la oferta económica frente a los criterios de calidad.
En la mayor parte de los países de Europa y América existe el convencimiento de que los servicios de carácter intelectual no pueden contratarse siguiendo criterios económicos. En algunos de ellos (Estados Unidos, Alemania, Suiza o Austria, por ejemplo), dichos servicios intelectuales se contratan por tarifas o mediante procedimientos negociados, de forma que la adjudicación se produce siempre por criterios de calidad de la oferta.
En el resto de países de Europa y en la propia Comisión Europea, estos servicios se adjudican siempre con fórmulas de ponderación técnico-económica pero con un peso de la calidad técnica de la oferta (alrededor de un 80%) muy superior al peso de la oferta económica.
En nuestro país, por el contrario, a partir de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre), las características técnicas y las económicas ponderan lo mismo, un 50%, a la hora de decidir un contrato. Así han sido desde entonces los pliegos de la mayoría de las Administraciones e instituciones públicas, y por lo que parece, el Gobierno pretende que a partir de ahora la ponderación de la oferta técnica sea aún menor, según se desprende de los nuevos pliegos, en los que la oferta económica pondera ya un 15% más que la oferta técnica. Sin duda, esta situación es incompatible con los niveles exigibles de calidad de los trabajos de ingeniería y consultoría, y conduce a fuertes riesgos de incrementos en los costes en la ejecución y mantenimiento de las posteriores obras, así como de siniestros durante la construcción y explotación de las mismas.
Diversos estudios han demostrado, en consonancia con lo que desde el sector siempre hemos mantenido, que si se incrementara la inversión en ingeniería en uno o dos puntos se podría ahorrar el 50% de los costes de los modificados necesarios durante la consecución de una obra, especialmente cuando los criterios económicos priman ante los técnicos en los proyectos.
Estos modificados representan del orden del 30% de la inversión total en infraestructuras, y suponen más de 10 veces el aumento de la inversión en ingeniería y más del 10% del coste de la inversión.
Por ello, insistimos en que la aplicación de criterios que persigan la reducción del gasto en los concursos de consultoría y asistencia técnica aumenta el grave riesgo de deterioro de la calidad de la prestación de estos servicios y no consigue el objetivo final de minimizar el valor total de la inversión conforme a los requerimientos del plan de austeridad 2011-2013. Por el contrario, la aplicación de dichos criterios propicia el aumento de los costes en las fases de construcción y conservación en forma de modificados.
Los ingenieros estamos dispuestos a dialogar y a sentarnos con los responsables de las Administraciones para intentar dar soluciones que frenen esta situación. Estamos convencidos de que hay capacidad para pensar y desarrollar nuevas ideas y tecnologías que optimicen las inversiones y podamos hacer más con menos entre todos los profesionales del sector para ayudar a sacar adelante nuestra economía.
José Luis González Vallvé. Presidente de Tecniberia