Será abordado el jueves en el Parlamento alemán

Merkel aprueba el proyecto de ley para el apagón nuclear

El Gobierno de la canciller federal, Angela Merkel, ha aprobado hoy un paquete de proyectos de ley cuyo fin último es acabar con la energía atómica en 2022, pero que contempla también, entre otras cosas, el fomento de las energías renovables o la construcción de nuevas redes de alta tensión.

Angela Merkel, con el ministro de Economía, Philipp Roesler, antes de la reunión del Consejo de Ministros de hoy.
Angela Merkel, con el ministro de Economía, Philipp Roesler, antes de la reunión del Consejo de Ministros de hoy.

"Es la primera vez que un Gobierno federal presenta un proyecto energético tan amplio", ha dicho el ministro federal de Medio Ambiente, Norbert Röttgen, quien lo considera "un hito para el desarrollo económico y social de Alemania" y "un proyecto social pionero" que conlleva el apagón nuclear "irrevocable"

El titular de Economía, Philipp Rössler, ha comentado por su parte que todas las reformas e iniciativas legales en materia energética están relacionadas entre sí, ya que el fin de la era nuclear no es posible sin acelerar la construcción de nuevas redes de suministro y plantas ecológicas de producción eléctrica. La construcción de las nuevas redes de alta tensión se acelerará al máximo, asegura, y se llevará a cabo en cuatro años en vez de en los diez años previstos inicialmente, tras recordar que la compatibilidad medioambiental, la seguridad del suministro y las posibilidades reales de financiación han sido los tres criterios seguidos para aprobar el paquete legislativo.

A su vez, el ministro federal de Transportes e Infraestructuras, Peter Ramsauer, ha declarado que el paquete de leyes incluye subvenciones por valor de 1.500 millones de euros anuales para la renovación ecológica de edificios, ya que estos consumen, junto a los automóviles, "el 70% de la energía primaria".

Durante la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros se sancionó la reforma de la legislación nuclear, que trae consigo también la clausura definitiva de los ocho reactores que fueron desactivados tras la catástrofe de Fuskushima, así como el fomento de la construcción de nuevos parques eólicos y la renovación de los existentes con generadores de mayor rendimiento.

La nueva ley nuclear contempla, tras el cierre definitivo este año de los ocho primeros reactores, ir apagando de manera escalonada los nueve restantes, el primero de ellos en 2015 y los tres últimos en 2022. Asimismo, prevé acelerar la búsqueda del lugar para la construcción de un depósito permanente de residuos nucleares, tema polémico que "se ha desbloqueado" ante la disposición de todos los Länder de asumir futuras decisiones con una base geológica y científica sólida, según Röttgen.

El paquete de medidas en materia de política energética tiene carácter de urgencia, ya que será abordado este mismo jueves en el Bundestag, el parlamento federal, y se espera que sea sancionado antes de la pausa estival por el Bundesrat, la cámara alta o de los Länder. La decisión del gabinete de Merkel tiene lugar después de varias semanas de intensas negociaciones con los partidos de la oposición y con los gobiernos de los 16 estados federados, responsables de sancionar el paquete de medidas a través del Bundesrat, donde la oposición socialdemócrata y verde cuenta con una amplia mayoría.

Marcha atrás

El Gobierno de coalición cristianodemócrata-liberal de Merkel revoca así la ley aprobada el pasado otoño para prolongar la vida de las centrales nucleares una media de 12 años y retrasar el apagón nuclear hasta el entorno del 2030. La iniciativa actual para el apagón nuclear se asemeja a la ley aprobada en el año 2000 por el Gobierno de coalición socialdemócrata-verde de Gerhard Schröder que estableció el fin de la energía nuclear en Alemania en 2021 y que había sido anulada por el actual Gobierno germano.

Mientras tanto, los grandes consorcios energéticos con plantas atómicas en Alemania -E.on, RWE, EnBW y Vattenfall- estudian posibles pasos jurídicos para exigir eventuales indemnizaciones a las autoridades ante las pérdidas que puedan derivarse de la clausura adelantada de sus centrales nucleares.