Gestores para revisar el modelo territorial
El desequilibrio entre el fondo y la forma en las elecciones locales y autonómicas a las que los españoles están citados el 22 de mayo tiene proporciones no conocidas, y sus efectos podrían ir más allá del cambio de unos cuantos equipos municipales y regionales de gestión. Buena parte del desequilibrio entre lo que realmente se ventila y lo que finalmente podría trastocar se debe a que las circunstancias en las que se desarrollan tampoco son del todo normales: España atraviesa la crisis económica más larga y profunda de la era contemporánea, con casi cinco millones de parados y ninguna expectativa fiable de reducir tal cantidad a medio plazo, y tiene un Gobierno agotado en el que la mayoría de la ciudadanía ha perdido la confianza y al que la comunidad financiera internacional tiene bajo estrecha vigilancia.
Aunque solo se trata de elegir a quienes van a gobernar los 8.000 ayuntamientos del país y 13 comunidades autónomas hasta 2015, los comicios pueden convertirse en una especie de plebiscito sobre el Gobierno de la nación y su gestión, y precipitar un calendario electoral que desemboque en elecciones generales en otoño. Si no fuera el caso, el Ejecutivo no debe permitirse el lujo de que se extienda más aún la idea de "un año perdido" que tienen cada vez más y más determinantes colectivos de la ciudadanía, especialmente aquellos que pueden movilizar las decisiones que más directamente afecten a la economía. Por tanto, pase lo que pase, el programa de reformas debe seguir adelante y han de aplicarse con una mayor profundidad de la que contienen las aprobadas en el año transcurrido desde que Bruselas y los mercados financieros impusieron al presidente una política económica bien diferenciada de la que practicaba hasta entonces.
Aun huyendo de la interpretación más atrevida de que una derrota de las candidaturas socialistas más abultada de la que vaticinan las encuestas precipitaría una convocatoria de las generales, el 22 de mayo está en juego algo más, bastante más, que la simple composición de los Gobiernos locales y regionales. Precisamente por la vastedad de la crisis económica que paraliza el país y embarga las finanzas de comunidades y ayuntamientos, el debate político ha comenzado a agitar ya hace años cada vez en círculos más cercanos a quienes toman las soluciones definitivas la necesidad de revisar el diseño del Estado autonómico para hacerlo sostenible.
Independientemente de que su carácter sea poco transparente, lo que más sospechas infunde en los financiadores internacionales, y que su cuota de participación en la crisis de la mitad del sistema financiero (las cajas de ahorro) es muy elevada, la dimensión de sus competencias y el modelo de gestión de las mismas, junto con un mecanismo de financiación tan imperfecto como el actual, lo hace tan insostenible que precisa de una revisión en profundidad. Salvo los dirigentes nacionalistas, que disponen de modelos plenamente autocráticos y blindados, y los que aspiran a lograrlos evolucionando la financiación hacia una mayor descentralización y a un adelgazamiento extremo del Estado, todas las fuerzas políticas consideran, aunque no lo pongan negro sobre blanco en sus documentos electorales ni programáticos, que el Estado debe disponer de mayores cuotas de decisión y poder fiscal para poder hacer frente a crisis tan devastadoras como la actual, que solo pueden enfrentarse con unidad de decisiones y de caja.
Si la transparencia no es una de las excelencias de las Administraciones autonómicas, que ha generado incluso la sospecha de un embalsamiento de gasto realizado pero ni computado ni financiado en la gran mayoría de las regiones, tampoco lo es la capacidad de gestión de algunos de sus servicios, en los que un gobierno mancomunado, incluso estatalizado, sería mucho más eficiente para los administrados. Pero, desde luego, redefinir las competencias y su financiación, en la que la corresponsabilidad fiscal sea plena, es imprescindible para devolver la racionalidad al gasto público, evitando duplicidades y derramas sistemáticas, acudiendo siempre a la responsabilidad ineludible del Estado para corregir los desmanes de otros. Esta es, y no es esquivable, la primera gran responsabilidad de los gestores que la ciudadanía elegirá el 22 de mayo para los Gobiernos locales y regionales.