Transparencia en las regiones
El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó ayer los planes de reajuste presupuestario de siete comunidades autónomas y tiene pendiente el de otras tantas, entre ellas el de Cataluña, Baleares y Castilla-La Mancha, precisamente las que habían admitido mayor desequilibrio en sus cuentas en 2010. En paralelo, estableció un calendario de reducción del déficit fiscal, que las comunidades tendrán que aplicar en tres años, para lograr el 1% en 2014.
Este escenario, aunque se antoja asequible si se compara con la autoexigencia del Gobierno para el Estado, no será fácil de lograr. Una buena parte de las comunidades autónomas reclaman con insistencia una nueva aportación del Estado, el llamado Fondo de Competitividad, para poder poner en orden sus finanzas. Pero al Estado no le sobra nada y aduce problemas jurídicos tales como no poder romper el techo de gasto, para esquivar una de las obligaciones contraídas en 2009 con el nuevo sistema de financiación.
Cada cual tiene que cumplir con su obligación para dar transparencia fiscal a España, tal como le exigen los mercados financieros. Las comunidades no pueden por más tiempo retrasar el ejercicio de transparencia que inevitablemente harán cuando las Administraciones cambien de mano, allá por junio.
