Las comunidades del PP y Cataluña se rebelan contra Salgado
La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, no está dispuesta a que las comunidades autónomas se salgan de la senda de consolidación fiscal marcada por Bruselas. Por ello, Salgado fijó ayer los nuevos objetivos de déficit hasta 2014. Las cifras fueron rechazadas de plano por las regiones gobernadas por el Partido Popular y Cataluña.
De este modo, el déficit de las comunidades autónomas no podrá superar el 1,3%, el 1,1% y el 1% del PIB regional en 2012, 2013 y 2014, respectivamente. Estos objetivos fueron rechazados en bloque por las comunidades del PP y por Cataluña, cuyos consejeros de Economía aseguraron a la salida de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que no eran capaces de garantizar que pudieran alcanzar el límite establecido ya para este ejercicio (1,3% del PIB), si no se les abonan los recursos correspondientes al Fondo de Competitividad incluido en el nuevo sistema de financiación autonómica.
Cataluña exige 1.450 millones de euros y la Comunidad Valenciana 633 millones, partidas ambas que el Ejecutivo no comparte y cree que son sensiblemente inferiores. Economía se niega a realizar esos desembolsos porque el dinero comprometido para las comunidades en el nuevo sistema de financiación (11.000 millones adicionales) ya ha sido sobrepasado, según explicó Salgado tras el encuentro. El consejero de Economía de Cataluña, Andreu Mas-Colell, apeló a la solidaridad del Estado para poder cumplir con el ajuste del gasto fijado para este año, cifrado en un 10% del presupuesto. "No estamos contentos por la falta de apoyo del Ejecutivo y de la solidaridad del Estado dependerá de si podemos cumplir con el tope estipulado para este año", señaló.
Sin embargo, el Gobierno catalán no se ha planteado acudir a los tribunales para reclamar esta cantidad, algo que seguramente hará el Ejecutivo valenciano. Su consejero de Economía, Gerardo Camps, apuntó tras la reunión que ha solicitado a la Intervención General de la Comunidad Valenciana un informe para conocer si tendría recorrido la demanda. Todavía más duro fue el consejero madrileño, Antonio Beteta, quien certificó la defunción del sistema de financiación autonómica al considerar que el Ejecutivo incumple lo fijado en la ley.
En la reunión se aprobaron los planes de reequilibrio de nueve comunidades (Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Murcia, País Vasco y Navarra) que supondrán un nuevo ajuste adicional del gasto valorado en 4.283 millones de euros, de los que 3.479 millones procederán del recorte en los pagos y 645 del crecimiento esperado en el lado de los ingresos.
Quedan pendientes de aprobación otros seis planes, correspondientes a Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana, que serán revisados de nuevo en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará después de las elecciones autonómicas. A las comunidades que se les ha aprobado el plan se les autorizará acceder al primer tramo de endeudamiento de 2011, cifrado en un 0,65% del PIB regional.
Ligar el déficit al ciclo o déficit cero
Una gran parte de los consejeros de Economía reclamó ayer al Ejecutivo que revise a la baja sus previsiones macroeconómicas para los tres próximos años (son las que utilizan para diseñar los presupuestos autonómicos) al considerarlas completamente irreales dado su excesivo optimismo en materia de crecimiento. "Si se cumplen las cifras del Ejecutivo para esos ejercicios, las comunidades autónomas deberían tener un déficit cero, algo impensable si se tiene en cuenta cómo cerraron el ejercicio pasado", coincidieron fuentes de las regiones gobernadas por el PP.Esta petición fue rechazada por el Ejecutivo, así como la propuesta por el consejero madrileño de Economía, Antonio Beteta, quién planteó sin éxito, que se votara la posibilidad de exigir un escenario de "déficit cero" a partir de 2012. Finalmente, esta solicitud fue desestimada incluso por algunas regiones del PP, lo que la vicepresidenta Salgado aprovechó en la rueda de prensa para tachar de "grave contradicción" entre los argumentos planteados por el Partido Popular.