Subir los impuestos no siempre da más ingresos

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, preguntado ayer por las posibilidades que tiene el Gobierno de exprimir las cuentas públicas, los ingresos y los gastos, si estuviese en riesgo el objetivo de déficit fiscal para este año, descartó nuevos ajustes en los impuestos, pero en absoluto en los gastos. Y en esa misma dirección apuntan reiteradamente los expertos cuando huelen, por el lado de las comunidades autónomas, que la evolución de los números del Estado no es lo suficientemente holgada como para reducir el saldo fiscal de las Administraciones públicas hasta un 6% del PIB en 2011. Las inversiones o los sueldos públicos volverían a estar, por tanto, en la coctelera de un hipotético ajuste.

Los impuestos, prácticamente todos ellos elevados ya desde que comenzó la crisis, ofrecen muy poco margen de maniobra. Solo se han mantenido estables el personal sobre la renta del trabajo (aunque han desaparecido significativas deducciones), que es muy delicado por su sensibilidad electoral, y el de sociedades, sensible por el daño que provocaría a la capacidad de inversión y por el hecho de que acumula ya dos largos ejercicios de recorte de sus aportaciones a las arcas públicas.

Además, una subida de impuestos no es en absoluto una garantía de incremento de los ingresos fiscales. El desempeño mostrado en los tres primeros meses de este año lo demuestra. Los impuestos indirectos han registrado un avance del 5,4% una vez descontadas las cesiones adicionales de participaciones a las comunidades autónomas. Pero solo el IVA ha generado un aumento en la recaudación, que aproximadamente recoge el simple incremento de la presión fiscal ejercida por el impuesto, congelando la capacidad de consumo de hogares y empresas.

La recaudación general del IVA creció hasta marzo un 8%, y un 13% los recursos imputables a operaciones interiores, cuando la subida del impuesto en sus tramos general y reducido había sido de aproximadamente un 12% sobre los aplicados en 2010. Hacienda, por tanto, ha corrido muchos riesgos con el aumento del IVA, y solo la circunstancia de que el consumo privado estaba ya en niveles muy modestos después de tres años largos de crisis ha evitado un nuevo recorte del consumo familiar y con él de los ingresos impositivos.

En el caso del resto de los impuestos indirectos, la pérdida de ingresos se produce tras una subida de las tasas y de los precios, que tanto en el caso de las labores del tabaco como de los hidrocarburos supone una doble subida de la presión fiscal. Es el caso más explícito de que un alza de los impuestos no siempre garantiza un incremento de los recursos fiscales, dado que si el avance impositivo sobrepasa determinados niveles de precio final del producto o servicio, provoca un efecto expulsión inmediato en la demanda. En el caso de los carburantes, los ingresos han descendido un 2,7% por el efecto disuasorio que provoca la subida de los precios finales. Y en el del tabaco, el ajuste ha llegado a un 5,5%, porque la legislación ha contribuido a restringir el consumo en bares y restaurantes.

En todo caso, aunque el efecto más abultado del ajuste fiscal iniciado por el Gobierno en mayo pasado se concentró en los gastos, las pistas ofrecidas hasta marzo no son lo suficientemente firmes como para garantizar que los objetivos fiscales caminan por la senda del cumplimiento. Los ajustes en la inversión son cuantitativamente modestos, y la parte del león que suponía la rebaja del sueldo de los funcionarios ha sido neutralizada en el primer trimestre por el deslizamiento generado en las prestaciones de clases pasivas por la desviación de la inflación de 2010. Algo parecido ha ocurrido con la partida destinada a pensiones, que sube más del 5% pese a la congelación de las cuantías, por el abono de la desviación del IPC.

Dado que en otras partidas la capacidad de maniobra es muy limitada (los gastos por intereses, que suben un 23%, los marca el mercado financiero y el calendario de refinanciación) u obedece a derechos subjetivos reconocidos (el gasto en pensiones), las autoridades fiscales deberían estrechar la vigilancia sobre las cuentas más opacas de las Administraciones, las de comunidades y ayuntamientos, sobre las que crece la sospecha de que ni siquiera Hacienda conoce la situación real de sus números.