La abogacía exige sanidad pública para todos los letrados
Extremadura y Galicia han alcanzado acuerdos para otorgarles cobertura sanitaria
Los días previos a la Semana Santa algunas de las principales ciudades andaluzas vivieron en sus calles "procesiones de abogados" solicitando su inclusión en el sistema público sanitario. En Granada, Málaga y Almería, la manifestaciones de letrados volvieron a poner sobre la mesa una de las reivindicaciones con mayor solera de la profesión: la asistencia sanitaria similar a la que tienen el resto de los españoles y que hasta ahora se les había negado.
La respuesta del Gobierno a la abogacía española, presidida por Carlos Carnicer, no se hizo esperar. El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba se comprometió a tener la reforma el 21 de abril, sin darse cuenta de que coincidía con Jueves Santo. Ahora el Gobierno pretende aprobarla antes de que finalice el mes, en el próximo Consejo de Ministros del día 29.
La medida se convertiría en un hito, ya que supondría reconocer la universalidad del sistema y garantizar que todos los españoles que contribuyen vía Presupuestos a la sanidad pública se benefician de ella. Actualmente, solo algunas regiones como Cataluña, Extremadura, Galicia, para los abogados del turno de oficio, y Castilla y León, para los letrados jubilados, tienen acuerdos autonómicos para ofecer a los abogados y otras profesiones -procuradores, arquitectos o periodistas- esta asistencia.
Ni País Vasco ni Andalucía ni Madrid tienen al abogado en el sistema público
Extremadura y Galicia
La última comunidad en pactar ha sido Extremadura, quien el pasado 18 de abril publicó dicho acuerdo en el DOE. Anteriormente lo había realizado Galicia para el turno de oficio, pero imponiendo algunas condiciones, como la colegiación obligatoria, el empadronamiento en un municipio de la comunidad y el requisito de ser mutualista de la Mutualidad General de la Abogacía y no tener reconocida la cobertura pública como titular.
Para el decano del Colegio de Abogados de Cáceres, Carmelo Cascón, "la cobertura sanitaria pública ha sido desde hace mucho tiempo un objetivo prioritario para los abogados extremeños, se trata de una reivindicación histórica, unánime y permanente de la abogacía extremeña que considera que esta prestación social tiene por ley carácter universal, para todos los ciudadanos, sin exclusión ni discriminación de clase alguna, toda vez que se financia mediante los impuestos directos de los españoles".
Por todos estos motivos, el decano agradeció recientemente el apoyo del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, por haber cumplido el compromiso adquirido en septiembre del pasado año cuando aseguró ante los asistentes al II Congreso de la Abogacía Extremeña, celebrado en Cáceres, que "seguiría trabajando por el reconocimiento del acceso a la asistencia sanitaria" y "que en caso de que no avance el acuerdo a nivel nacional, no les quepa ninguna duda que lo lograremos en Extremadura". En total, 1.400 abogados colegiados en Extremadura, más 260 procuradores y otros profesionales de colegiación tienen a partir de ahora la tarjeta sanitaria.
En Madrid, la reivindicación sigue en pie y sin ninguna respuesta clara por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre. La junta general del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) solicitó hace dos años y medio, el 11 de diciembre de 2008, a la Consejería de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid el derecho de los abogados y todos los ciudadanos al sistema sanitario español. Abogó entonces por la universalidad del sistema, no solo para los letrados del turno de oficio, sino para el resto de ciudadanos y profesionales afectados.
Una medida que afecta a 200.000 profesionales
La nueva normativa que permitirá incluir en el sistema público sanitario a los letrados afectará a un total de 200.000 profesionales, entre abogados, procuradores, arquitectos y periodistas, según ha barajado Enrique Sanz Fernández-Lomana, actual tesorero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).Hasta ahora muchos de estos perfiles estaban cubiertos por el sistema Reta, de autónomos, cuando trabajaban por cuenta propia o bien por su respectiva mutualidad cuando se trataba de cuenta ajena. También había abogados adscritos al sistema de seguridad social como cualquier otro ciudadano."Sin embargo, una vez que el sistema se decide que se financia vía presupuestos se debe convertir en universal", alega Fernández-Lomana."No obstante, la mayoría de las comunidades autónomas se han mostrado poco sensibles a la incorporación de estos profesionales", asegura este letrado. Esto hace que abogados catalanes y andaluces presenten serias diferencias respecto al trato sanitario. Hace dos años, la abogacía catalana realizó una experiencia piloto para comprobar cuántos letrados se apuntarían al servicio sanitario público. "Se les dio la oportunidad de apuntarse a quienes quisieran y como la mayoría decidió acogerse, desde el verano pasado se ofreció a la totalidad de los letrados", explican desde el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña (CICAC).Por el contrario, Andalucía, con 23.925 letrados según el último registro de la abogacía andaluza, representa una de las comunidades autónomas con mayor número de abogados, junto con Madrid, que no cuentan con esta cobertura. La ministra Leire Pajín está dispuesta a incluirlos.
Las cifras
1.400 abogados colegiados en Extremadura y 260 procuradores han sido los últimos en sumarse al sistema sanitario público español.23.925 letrados andaluces han reclamado con manifestaciones en Almería, Granada y Málaga la obtención de la tarjeta sanitaria.