Cerco al abogado de empresa
Los abogados de EE UU pueden dejar de dar sus mejores consejos a los clientes si por hacerlo se exponen a ser personalmente acusados de un delito. Los fiscales tienen la obligación de ser duros con los delitos empresariales, financieros o de cualquier tipo. Pero la recusación, la semana pasada, a un antiguo abogado de GlaxoSmithKline por una cuestión de criterio -mantenida por asesores externos- parece acoso. Incluso las empresas merecen una representación sin intimidación.
El exconsejero Lauren Stevens podría hacer frente a décadas de cárcel por no dar a la US Food and Drug Administration toda la información que esta cree que debería haber recibido en una investigación sobre las prácticas de comercialización de medicamentos de Glaxo. Stevens dice que siguió el consejo de un bufete de abogados externo. Pero los fiscales federales argumentan que retuvo los documentos de manera injustificada y luego mintió sobre ello.
A medida que la sociedad clama porque los culpables de la crisis financiera vayan a prisión, los fiscales van estando más presionados. Y quizás, como resultado, parece que se están dirigiendo más a los abogados de las empresas. En algunos casos recientes, como el de Computer Associates International y Rite Aid, las consejeros de estas compañías fueron castigados por la vía penal por sus respuestas a las investigaciones federales. Las sentencias en estos casos pueden estar justificadas. Pero un juicio por lo penal por una cuestión de documentos parece excesivo.
La Corte Suprema dijo una vez que el interés del Gobierno "no es que se gane un caso, sino que prevalezca la justicia". Amenazar a abogados con la cárcel parece más bien una manera de meter miedo que de servir a ese propósito.
Por R. Holding