COLUMNA

Control del gasto o intervención europea

El año pasado, el conjunto de las Administraciones públicas españolas rebasó en algo menos de medio punto del producto interior bruto (PIB) el déficit máximo señalado por la Comisión Europea a España.

No tengo conocimiento hasta el día de hoy que se haya abierto a España expediente por incumplimiento del acuerdo de la Comisión que fijó en el 9% del PIB, el déficit máximo para 2010, de manera que nuestro país en 2012 pudiera tener su déficit en el 3% como máximo, situándose dentro de lo previsto en el Tratado de la Unión.

El exceso de déficit en 2010 se debe a las comunidades autónomas y se acumula a los tres puntos de PIB que tiene que reducirse en el conjunto de las Administraciones públicas en 2011. Por ello el Ministerio de Hacienda debe estar muy pendiente del comportamiento de las mencionadas comunidades autónomas para que tal hecho no se repita.

El Ministerio de Hacienda debería dar conocimiento mensual a los ciudadanos de la reducción del déficit y si hay o no coincidencia con las previsiones que se hayan hecho. En todo caso, deberá publicar mensualmente, tanto lo referente al Estado y a la Seguridad Social, así como a cada comunidad, la reducción del déficit desde el comienzo de 2011 y su comparación con las previsiones que se efectuaron para reducir el déficit a fin de año al 6% del PIB.

Según información publicada por la prensa en los dos primeros meses del corriente año, el Estado ha tenido un superávit de 1.878 millones de euros, que es inferior al de igual periodo del año anterior que fue de 3.342 millones. El nuevo sistema de financiación autonómica provoca esta distorsión en la distribución del ingreso entre Estado y comunidades autónomas. El secretario de Hacienda ha dicho que las cifras están muy cerca de las previsiones.

En algo más de 3 puntos de PIB ha de reducirse el déficit conjunto de las Administraciones públicas en el corriente año. Es una cifra muy importante, teniendo en cuenta que el crecimiento previsto para este año estará en el entorno del 0,8%, según expertos; el Gobierno considera que será del orden del 1,2%. En cualquiera de los dos supuestos la reducción del gasto es muy importante y por ello el Gobierno debe estar preparado para aplicar desde el primer momento la previsión del crecimiento del PIB más desfavorable.

En otro caso, podría suceder que la reducción del gasto prevista fuera menor que la necesaria para hacer que el déficit no supere el 6% del PIB, y entraríamos una vez más en incumplimiento de lo dispuesto por la Comunidad Europea, considerándose a España un país que no respeta la normativa comunitaria con la consecuente falta de credibilidad.

Ya debería conocerse y estar aplicándose el plan de ajuste presupuestario del Estado y de la Seguridad Social así como de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Ha transcurrido la cuarta parte del tiempo que España tiene para realizar el fuerte ajuste presupuestario y desconocemos los resultados conseguidos. Es una cuestión crucial para nuestra credibilidad ante los Estados de la Unión Europea.

A mi juicio, para conseguir este año que el déficit se reduzca al 6% del PIB, deben ser analizadas todas y cada una de las partidas presupuestarias, ya que la austeridad se impone. Por tanto, todos los gastos que no se consideren imprescindibles para el funcionamiento de los servicios deben ser eliminados.

Los gastos suntuarios y de protocolo deben estar sujetos al recorte máximo, los gastos de transferencias corrientes y de capital deben ser analizados uno a uno con espíritu crítico para efectuar reducciones, y los gastos de funcionamiento de los servicios (capítulo 2 del Presupuesto) volverán a ser revisados para suprimir los gastos que no sean indispensables. Los gastos de personal funcionario en cuanto se refiera a sueldos, creo que no deberían ser objeto de ajuste, no así las retribuciones complementarias, incentivos, gratificaciones, etc. Los gastos de personal contratado deben ser objeto de reducción a cuyo efecto los créditos que suponen el coste de dicho personal serán dados de baja. De esta forma, los gastos de inversión (capítulo 6) que ya han tenido recortes fuertes en los dos años anteriores, quedarían como último recurso para efectuar el ajuste total.

José Barea. Catedrático emérito de la UAM