Según casos recabados por diversos bufetes de abogados

Pagarés a la carta de Nueva Rumasa

Los inversores empiezan a despejar algunas dudas sobre los pagarés de Nueva Rumasa. Según diversos bufetes de abogados, ya son varias las personas que les han comunicado impagos de unos bonos que no responden a emisiones de importes homogéneos.

José María Ruiz-Mateos
José María Ruiz-Mateos

La crisis de liquidez de Nueva Rumasa se encamina hacia los juzgados. Centenares de inversores, de los más de 5.000 que reconoce el grupo de la familia Ruiz-Mateos, han comenzado a dirigirse hacia diversos bufetes de abogados para intentar conocer en qué lugar quedan ellos dentro de este proceso. Varios de ellos aseguran que ya han empezado a sufrir los primeros impagos. Todo ello en un universo de pagarés a la carta en el que el nominal era fijado en función del importe disponible por cada suscriptor.

La postura de Nueva Rumasa al respecto no ha podido ser recabada al no responder a las llamadas y correos electrónicos remitidos. Aunque ayer por la noche, tras publicarse que se estaban produciendo los primeros impagos a los bonistas, el grupo emitió un comunicado en el que afirmaban que están "escrupulosamente en plazo y forma tanto con el pago de intereses como del principal" con sus inversores particulares. Una versión que los testimonios recabados contradicen.

En Iure Abogados confirman que ya han registrado más de 40 llamadas de afectados por el preconcurso de alguna de las compañías de la abeja. Entre estos predominan los firmante de algunas de las múltiples emisiones de pagarés, pero también hay proveedores y accionistas. "Y sube por momentos, esto es como un taxímetro", comenta Fernando González, presidente del bufete.

El abogado confirma que ha recibido la llamada de inversores que habían suscrito bonos de múltiples empresas de los Ruiz Mateos. Entre ellas están Carnes y Conservas Españolas (Carcesa), Clesa o Hibramer S.A. De esta última tiene un caso en la mano. Según señala, un inversor le ha remitido la documentación que certifica que firmó un pagaré de 200.000 euros con vencimiento a octubre de 2014 (el mínimo en las primeras emisiones era de 50.000 euros). A éste le siguen una serie de títulos con nominal de 4.000 euros que servían para el pago de los intereses y que vencen de forma trimestral. "Enero de 2010, marzo 2010, junio de 2010,...", desgrana González.

Los abogados consultados confirman que no hay una emisión de pagarés realizada por importes homogéneos, sino que ésta era "a la carta", según la información que les han transmitido los inversores. Esta idea se desprende de los importes de los pagarés de los que tiene conocimiento José Luis Climent, responsable de Penal de Jausa. Uno de 18.000 euros, otro de 53.200 y así sucesivamente. Varios de ellos, con vencimientos en febrero, y cuyo pago se ha incumplido. Unos impagos que también le han comunicados algunos potenciales clientes a Santiago Viciano de V Abogados Sobre las garantías de los mismos, Climent asegura que nadie le ha transmitido nada al respecto. Aunque González matiza, "por lo que salió en prensa, son unas botellas de alcohol de otra compañía que se deben poder ejecutar".

Acerca del perfil de los afectados, varios de los profesionales consultados coinciden. Inversores mayores, de cierto nivel adquisitivo y que tenían depositada una gran confianza en el empresario. Una fe que parece empezar a quebrarse visto que algunos han comenzado a ponerse en contacto con despachos de abogados, a pesar de no haber sufrido todavía impago alguno.

Los expertos coinciden en recomendar el camino a seguir para las reclamaciones. "Deberían de agruparse como si fuesen una entidad para acudir al concurso", explica Santiago Viciano. Un concurso que será inevitable si en un plazo de tres meses no logra un acuerdo con los acreedores. De momento, en este despacho ya han recibido llamadas "de unas 150 personas" para contarle una casuística muy similar a las ya detalladas por otros abogados. Una historia que se repite.