Indización de salarios y desempleo
En su visita a España, la dirigente alemana, Angela Merkel, sugirió que los salarios se ajusten a la evolución de la productividad de la mano de obra. De esa manera, consciente o inconscientemente, la canciller daba respaldo firme a un pilar básico del Manifiesto de los 100 y de otras propuestas de reforma laboral, como la del Banco de España. A pesar de ello, los sindicatos y algunos miembros del Gobierno español prefieren que los salarios se ajusten a los precios, con objeto de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. En las líneas que siguen argumentaré que esta última estrategia tendría consecuencias desastrosas sobre el empleo en las actuales condiciones de la economía española.
Hubo una época en la que los bancos centrales no eran independientes y practicaban políticas monetarias erráticas sometidas, en muchos casos, a los caprichos de la clase política. Con frecuencia, los Gobiernos, a través de bancos centrales subordinados, generaban sorpresas de inflación para conseguir expansiones de la producción y del empleo a costa de reducir el poder adquisitivo de los trabajadores. Ante esa situación, la indización de los salarios a los precios resultaba un arma justa y eficaz con la que los trabajadores defendían el valor real de sus salarios. En estos momentos, sin embargo, los bancos centrales de la mayoría de países, incluso en economías emergentes, son independientes de cualquier esfera de poder, y practican políticas monetarias disciplinadas, orientadas a la estabilidad de los precios. Las sorpresas de inflación han pasado a la historia, y los precios responden, sobre todo, a la eficiencia del sistema productivo y a las perturbaciones de oferta. En consecuencia, la indización de los salarios a los precios no solo carece de justificación económica, sino que, como explicaré a continuación, genera graves perjuicios para todas las clases sociales.
España, como muchos otros países industrializados, desde hace varios trimestres debe hacer frente a aumentos de los precios de la energía y de las materias primas en general, los cuales reducen la productividad de los factores, y merman la eficiencia general del sistema productivo. La razón es que una elevación del precio de materias cuya importación es absolutamente necesaria, aparte de alimentar la inflación obliga a encontrar nuevas estrategias de transporte, y convierte en obsoletos muchos procesos productivos. Disminuye la capacidad productiva y nos hace a todos un poco (o mucho) más pobres.
Es lógico que, ante un empobrecimiento general causado por una perturbación exógena -no imputable a ninguna clase social o sector económico- todos tengamos que arrimar el hombro aceptando menores retribuciones reales. Pero si, ante una caída de la demanda de trabajo propiciada por el descenso de la productividad, los sindicatos se rebelan exigiendo que el poder adquisitivo quede intacto, las empresas se verán obligadas, en cuanto puedan, a suprimir empleos, porque a ellas se les puede imponer una variable, el salario o la cantidad contratada de trabajo, pero no las dos cosas a la vez. El resultado será un aumento del paro y una disminución del crecimiento económico; es decir, una caída del bienestar de la sociedad. Es más, si en esta situación, los bancos centrales expandieran la oferta monetaria para recuperar el empleo, como sucedió en algunos países después de la primera crisis del petróleo, allá por mitad de los años setenta del siglo pasado, no solamente no conseguirían su objetivo de empleo sino que alimentarían una espiral inflacionista. Escarmentados, en el curso de los años ochenta los organismos internacionales aconsejaron la supresión de las cláusulas de indización, y la mayoría de Gobiernos, como el belga y el italiano, no dudaron en erradicarlas completamente.
Ahora que en España algunos intentan resucitar o seguir aplicando esas cláusulas en un contexto de políticas monetarias estables, no está de más advertir de sus graves peligros para toda la sociedad, y por tanto también para la clase trabajadora. Cuando las economías se enfrentan a pérdidas de productividad causadas por perturbaciones exógenas o por muchos años de gestión económica desafortunada (como ha sucedido en España, sobre todo desde la implantación del euro), insistir en la indización de los salarios a los precios nos hundiría todavía más en la recesión, acrecentando la tasa de desempleo -como si no tuviéramos ya bastante- y empeorando el bienestar de todos los ciudadanos.
José García Solanes. Catedrático de Análisis económico de la Universidad de Murcia