Nueva Rumasa comenzó a tener problemas de pagos a principios de 2010
El grupo Nueva Rumasa, que ha colocado en situación preconcursal a una decena de filiales como Clesa, Trapa o el Rayo Vallecano, cesó el pago a sus acreedores a principios de 2010. Desde entonces, las filiales han acelerado sus problemas de liquidez y de materias primas, que han llevado a suspender la producción de varias fábricas.
No fue ayer, ni hace unas semanas. Los problemas de Nueva Rumasa vienen de lejos. En concreto hay que remontarse hasta los primeros meses de 2010. Ya entonces, las empresas del grupo controlado por la familia Ruiz-Mateos habían comenzado a incumplir los contratos con sus proveedores, según explican fuentes sindicales. Un hecho que la familia no confirma y solo se remite a las declaraciones del pasado jueves.
Unos impagos que han colocado al borde de la quiebra a sus principales sociedades. En concreto, ha llevado a la situación de preconcurso de acreedores a sus filiales Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa -Apis y Fruco-, Quesería Menorquina y al Rayo Vallecano.
La ruptura de los contratos con los proveedores dejó a varias filiales, por ejemplo, la de Quesería Menorquina (que fabrica productos como Tranchettes o Santé) sin materia prima con la que producir.
Los trabajadores no se quedaron de brazos cruzados y a principios del pasado año avisaron a la familia Ruiz-Mateos de los problemas para dar continuidad a la producción. La respuesta: no solo no había problemas, sino que la viabilidad de las empresas estaba garantizada.
Desde entonces, las dificultades son continuas. A día de hoy, la producción está suspendida temporalmente en plantas de Quesería Menorquina, Dhul, Trapa o Clesa. Por ejemplo, en esta última, los trabajadores de la planta de Sevilla (que Nueva Rumasa tiene alquilada a Central Lechera Asturiana) aseguran que "ni trabajan, ni cobran, ni están en un expediente de regulación de empleo ni en el paro".
Una indefinición que se produce a pesar de que empresa y sindicatos acordaron un expediente de regulación de empleo (ERE) en 2008 que contemplaba prejubilaciones para mayores de 55 años. Esta planta suspendió la producción el pasado 14 de enero, "en el que las máquinas estuvieron al 25%, ahora estamos de brazos cruzados", asegura un trabajador de la fábrica.
Mientras, las federaciones agroalimentarias de CC OO y UGT están estudiando personarse en el preconcurso de acreedores en el que están inmersas las principales sociedades del conglomerado industrial de Nueva Rumasa. Por ejemplo, tratarán de suspender el ERE temporal de la planta de Clesa de Madrid, la principal fábrica de la firma láctea.
A través del preconcurso, Nueva Rumasa se dota de un colchón de tres meses en el que intentarán de negociar con sus acreedores. Pero dadas las dificultades para retomar la producción de las plantas, muchos dudan de que, por sí solos, los Ruiz-Mateos sean capaces de sacar adelante la sociedad y refinanciar la deuda con los bancos acreedores. Una deuda que los gestores cifran en más de 700 millones de euros.
Según CC OO, la situación es "preocupante y alarmante" y puede afectar a más de 5.000 trabajadores, sin contar los empleos indirectos. Mientras, UGT asegura que puede personarse en el proceso preconcursal para tratar de garantizar el cobro de los salarios. Esa es, precisamente, la principal preocupación de los empleados del grupo. Manifiestan su desconcierto ya que la sociedad no abonó la nómina del pasado mes de enero y, en las algunos casos, la paga extra de Navidad. Una situación que, a su juicio, pone de relieve que los problemas de Nueva Rumasa vienen de lejos.
Algunos trabajadores van más allá. Según fuentes sindicales, determinadas empresas en lugar de abonar las nominal vía transferencia "como habían hecho siempre, nos la pagaban en efectivo", apunta una trabajadora. De nuevo, recalcan las dudas de la plantilla sobre la liquidez de la compañía.
UGT quiere que cualquier acuerdo al que llegue Nueva Rumasa con sus acreedores "lleve implícito el mantenimiento de la actividad y del empleo". Una posibilidad que también tratará de defender la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). La patronal del sector asegura estar "atenta" al desarrollo del preconcurso de Nueva Rumasa, para evitar la pérdida de empleos.
También el viernes, la familia Radó comunicó que estudia medidas legales contra la sociedad de los Ruiz-Mateos por el impago de la venta de dos hoteles de la enseña Beverly en 2008, en los que contaba con una participación minoritaria. La deuda asciende a 69 millones de euros y aseguran que ha vencido. En este sentido, señalan que Nueva Rumasa constituyó distintas hipotecas sobre los inmuebles adquiridos "al día siguiente de la operación".
Mientras, las reacciones políticas se suceden. El Gobierno afirma que ha hecho todo lo posible para que los inversores contaran con toda la información necesaria a la hora de participar en sus emisiones de pagarés. Sin embargo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cree estas debieron merecer una "atención especial". "Hay muchos pequeños inversores que hoy pueden estar muy asustados", asegura.
El desahogo de José María Ruiz-Mateos
José María Ruiz-Mateos tiene intención de formar una sociedad anónima con las aportaciones de los inversores minoritarios a Nueva Rumasa, para hacer una base "todavía mucho mayor de cara a su proyección de futuro". En declaraciones a Onda Cero, Ruiz-Mateos asegura que las emisiones del grupo llevan "bastante tiempo funcionando y se ha cumplido perfectamente con las obligaciones". "La tesorería está extremadamente desahogada, yo por eso no tengo preocupación absolutamente ninguna", afirma.
El Gobierno recalca que advirtió a los inversores
Los inversores que vieron más rentabilidad que peligro en los pagarés de Nueva Rumasa tenían en sus manos toda la información necesaria para conocer sus riesgos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguraba el viernes que "el Gobierno hizo todo lo que estaba en su mano" para prevenir a los inversores sobre las dudas que escondían los pagarés de Nueva Rumasa.En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Salgado recalcó que el Ejecutivo modificó la legislación, obligando a que este tipo de emisiones se tuvieran que realizar a través de un intermediario financiero, y que la CNMV realizó hasta siete avisos para que los posibles inversores se informaran respecto a las emisiones ofrecidas por Nueva Rumasa. "Poco más se puede hacer. Aun así, hay personas que han invertido y tenemos que estar siempre vigilantes para que estas cosas no vuelvan a suceder, pero el Gobierno hizo todo lo que estaba en su mano", señaló Salgado.El regulador bursátil recalcaba en sus comunicados la falta de control de las emisiones del entramado empresarial de los Ruiz-Mateos. Por ejemplo, la última advertencia la realizó en diciembre de 2010. Clesa anunció una ampliación de capital de cuatro millones de euros a través de la emisión de participaciones sociales en las que ofrecía "la posibilidad de convertirse en socios de la mencionada entidad, mediante la suscripción de las mismas desde 3.300 euros. La CNMV recalcó que no se trataba de "valores negociables" lo que dificultaba "las posibilidades de liquidez del socio". Además, destacaba la necesidad de informarse sobre "la situación jurídica y económico-financiera de la entidad antes de tomar una decisión de inversión".