La cumbre extraordinaria de la Eurozona podría celebrarse el 13 de marzo
La cumbre extraordinaria de líderes de la zona euro convocada para avanzar en el paquete de medidas contra la crisis de deuda en la región se celebrará a priori el día 13 de marzo en Bruselas, según han informado fuentes comunitarias.
Esa fecha permitirá la asistencia del nuevo líder irlandés, que debe salir de las elecciones del 25 de febrero, y también dará margen suficiente para que los técnicos de los Veintisiete aten los cabos que queden sueltos de cara a su adopción durante la siguiente cumbre de la UE, los días 24 y 25 de ese mes.
Dentro del paquete de medidas que se discutirán se encuentra el endurecimiento de la disciplina fiscal, la celebración de una nueva ronda de exámenes de solvencia a la banca y el refuerzo del fondo de rescate de la zona euro, creado en mayo pasado para socorrer a los países con problemas de solvencia.
La reunión informal fue convocada a petición de Francia y Alemania, que también quieren avanzar en dotar de contenido el compromiso alcanzado por los Veintisiete en la reunión de la semana pasada para poner en marcha un "pacto de competitividad".
Sin embargo, la propia canciller alemana, Angela Merkel, reconoció ayer las dificultades de alcanzar un acuerdo, debido a las divergencias de opinión entre los estados de la zona euro sobre muchos aspectos de su plan.
Antes del Consejo Europeo de la semana pasada, Berlín difundió un documento con seis puntos para reforzar la competitividad en la UE como condición para aceptar un aumento de la cuantía del fondo de rescate de la zona euro, así como una ampliación de sus usos.
Los seis puntos son la prohibición de ligar las subidas salariales a la inflación; la inclusión de límites de deuda y déficit en las Constituciones nacionales; el reconocimiento mutuo de títulos para favorecer la movilidad laboral; el aumento de la edad de jubilación, la armonización del impuesto de sociedades y el establecimiento de mecanismos de resolución de crisis bancarias.
Varios estados -entre ellos Bélgica, Luxemburgo, Austria y la propia España- han mostrado su oposición a la exigencia de vincular los salarios a la productividad; mientras que es conocida la oposición irlandesa a elevar el impuesto de sociedades.