Merkel marca en Madrid el rumbo a la UE
Una moneda común implica muchas ventajas, pero también exige muchos compromisos. La canciller alemana, Angela Merkel, lo recordó ayer en Madrid durante la XXIII cumbre hispano-alemana, e insistirá en ello en la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se celebra hoy en Bruselas. Como se ha puesto de manifiesto con las crisis del euro desatadas el pasado año, es inviable que distintas economías compartan una misma divisa si no están dispuestas a converger en otros muchos factores. El Pacto de Estabilidad estableció como criterios de convergencia exclusivamente compromisos fiscales -límites máximos de déficit y deuda pública-, pero dejó al albur de los Gobiernos el resto de las políticas económicas, salvo la monetaria, que controla el BCE. Estas divergencias son una fuente de debilidad de la zona euro y ciertos especuladores han sabido explotarlas para obtener pingües beneficios atacando la divisa común.
Corregir esas ineficiencias es imprescindible. Por eso cobra más sentido la pretensión de Merkel de avanzar en una mayor coordinación económica y mejores sistemas de control entre los 17 Estados en los que circula el euro. El pacto de competitividad que propone Alemania es una base perfecta de discusión y debe aprobarse lo antes posible. No obstante, Bruselas ha de intermediar para que el modelo adoptado sirva al conjunto de las economías, pues la canciller parece olvidar con frecuencia que la actividad productiva de los 17 es muy diferente. Lo útil para una economía industrial y exportadora, como la germana o la francesa, no lo es necesariamente para otra basada eminentemente en los servicios, como la española.
No obstante, las sugerencias esbozadas ayer por Merkel sirven por igual a todas las economías a las que permitiría ganar competitividad. La canciller propuso suprimir las cláusulas de revisión salarial indizadas a la inflación; una armonización fiscal de todos los Estados miembros del euro; reformas en la Seguridad Social con el retraso en la edad de jubilación; control por ley del déficit de todas las Administraciones -en clara referencia a las regionales o locales- o convertir Europa en un laboratorio de innovación.
En España hay que tomar buena nota de todas ellas. Ya se ha avanzado en algunas, como la edad de jubilación recientemente modificada; el refuerzo en las políticas de I+D+i -aunque todavía muy alejada de los niveles europeos-, o incluso el control del gasto público, pues el Gobierno central dispone hace años de un techo de gasto que se irá imponiendo en el resto de Administraciones. Aun así, conviene ir pensando en establecerlo como norma, aunque ello suponga modificar la Constitución.
La reacción de los sindicatos y del propio ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, a la posibilidad de modificar la fijación de salarios resulta, sin embargo, descorazonadora. Las tradicionales subidas ligadas al IPC son ilusorias: aunque a corto plazo permiten a los trabajadores no perder poder adquisitivo, en la práctica son inflacionistas y merman la capacidad de compra. Además, la subida automática de los salarios según el IPC perjudica claramente a la competitividad de las empresas. España no se puede permitir el lujo de aumentar los costes laborales unitarios el triple que Alemania. Y lo que es más grave, implica un castigo para las compañías más eficientes que gracias a un control de sus costes no aumentan precios. Para ellas es injusto tener que subir los salarios a causa de otras empresas españolas que incrementan precios en vez de ganar productividad.
Europa no puede quedar atrás en un mundo globalizado. Ha de competir en productos y servicios de calidad y alto valor añadido, pero debe hacerlo de forma competitiva. Las reformas en el seno de la UE son ineludibles, pues el único camino es construir una región más cohesionada y homogénea. Armonizar la fiscalidad es una tarea largamente pospuesta que no admite más retrasos, pues no es aceptable la deslealtad fiscal entre Estados que comparten moneda. Es necesario avanzar juntos también en materia energética, de infraestructuras y educativa. Pero para ello hay que ceder más soberanía a Bruselas, algo que, paradójicamente, no es del agrado de Merkel.
