La ética de los economistas
Uno de los momentos más impactantes del documental Inside Job (de Charles Ferguson), sobre la crisis financiera, llega en un momento en el que el economista Frederic Mishkin, profesor en Columbia y ex miembro de la Fed, es preguntado sobre un estudio sobre la estabilidad financiera de Islandia. Aquel informe, del que fue coautor en 2006 y fue publicado por la Cámara de Comercio de este país, hablaba en términos muy favorables de una nación muy estable que apenas dos años después colapsaba como un castillo de naipes. En la película, un balbuceante Mishkin asumía errores y fue presionado para decir cuánto le habían pagado por escribirlo: 124.000 dólares.
Economistas como Glenn Hubbard, exasesor de George W. Bush, y Martin Feldstein, tampoco salen muy airosos en el documental tras las preguntas sobre conflictos de intereses, una cuestión ética que ha sido una de las protagonistas de las reuniones anuales de la American Economic Association (AEA) congregada hace unos días en Denver.
Durante las sesiones, 300 economistas presentaron una propuesta para que se elabore un código ético que requiera transparencia a la hora de revelar "potenciales conflictos de intereses que pueden manifestarse entre los papeles como expertos teóricos, consultores pagados o miembros de empresas privadas" de algunos de ellos.
De acuerdo con la propuesta, los economistas, deben revelar sus fuentes de financiación y relaciones personales o profesionales cuando hagan escritos o pronuncien discursos. Es algo muy parecido a lo que se pide a otros profesionales pero que en EE UU no existe en el sector de las ciencias económicas cuando esos conflictos ciertamente existen. De hecho, la película de Ferguson solo arañó la superficie del problema.
Hace unos meses, los profesores Gerald Epstein y Jessica Carrick-Hagenbarth, de la Universidad de Massachusetts, descubrieron que de los 19 economistas que publicaron recomendaciones para la reforma de la regulación financiera aprobada el año pasado en EE UU, 13 habían trabajado para instituciones financieras privadas y solo cinco de ellos lo revelaron públicamente. Ni Epstein ni Carrick-Hagenbarth dicen que esos lazos hayan influido en su trabajo, pero sí ponen de relieve que hay conflictos de intereses que pasan desapercibidos.
Otro estudio de Reuters revela que en el periodo en el que se examinaba la mayor reforma financiera desde los años treinta, un tercio de los 82 académicos que prestaron testimonio en el Congreso (la mayoría economistas) entre 2008 y 2010, no reveló sus lazos con instituciones financieras.
La profesión se ha resistido a poner en negro sobre blanco unas nociones éticas a las que adherirse, como se ha quejado el catedrático de Denver George DeMartino. Este profesor va a publicar un libro en el que describe cómo desde 1920 había preocupación por la influencia de las empresas en las investigaciones académicas pero no se hizo nada por cambiarlo. Lo que se espera es que a la luz de esta crisis se dé un paso en esta dirección.
Pero será muy lentamente. Sigue habiendo oposición por parte de muchos profesionales y, de momento, la única acción concreta adoptada por la AEA fue reexaminar los estándares actuales y los retos éticos a los que se enfrentan los economistas.