Oxígeno a la tesorería
El pasado julio, el Senado aprobó la nueva Ley de Morosidad, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. La nueva ley fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las Administraciones públicas, con un periodo de adaptación en ambos casos que se extenderá hasta el año 2013.
Si realmente llega a cumplirse, la ley puede aportar cierta estabilidad a la economía española. Aunque algunos detractores de la misma piensan que no es este el momento idóneo para su aplicación, dada la difícil situación económica actual, es cierto que en algún momento había que ocuparse de este grave asunto que resta competitividad a España con respecto a otros países.
Es patente el alto porcentaje de empresas que terminan desapareciendo por problemas de liquidez derivados de prolongados términos de pago acordados con la Administración y/o grandes empresas. La nueva ley se dirige especialmente a ellas, y ayudará a evitar este tipo de situaciones. Además, las cuentas de resultados de este tipo de compañías con un amplio negocio con las Administraciones se verán aliviadas por la reducción de los intereses de financiación de la deuda, así como por los costes inherentes a la gestión de tesorería.
Otra implicación interesante es el aspecto preventivo que conlleva el texto legal. Si bien no evita un impago -¿quién puede garantizar el pago de una deuda hoy en día?-, no es menos cierto que, si los plazos de pago son razonables, se reducen las posibilidades de que se terminen produciendo situaciones de impago de facturas emitidas.
El gran reto será, por tanto, la aplicación práctica de la nueva ley. A este respecto, el texto legislativo suprime la posibilidad de pactos entre las partes que impliquen plazos de pago superiores a los legales, siendo el pagador el responsable de que éstos se cumplan. Además, la nueva medida contempla la posibilidad de que organizaciones profesionales denuncien prácticas abusivas y promuevan la adopción de códigos de buenas prácticas en materia de pagos. Finalmente, las sociedades tienen la obligación de publicar de forma expresa los plazos de pago a proveedores en la memoria de sus cuentas anuales.
El primer paso, el regulatorio, está dado. Por delante se presenta un reto, el de la aplicación eficaz de la nueva ley, que supondría un auténtico balón de oxígeno a la situación de tesorería del tejido empresarial español.
Gonzalo Herrera. Director financiero de Insight para España, Portugal e Italia