Ayudas a autónomos
El número de españoles que decide independizarse y crear su propia empresa está en auge. La coyuntura económica actual, que está afectando en gran medida a las relaciones laborales, ha contribuido a que muchos profesionales decidan constituirse como autónomos, dada la enorme dificultad de encontrar empleos estables y de calidad. De hecho, en España hay ya cerca de tres millones de autónomos -aproximadamente el 20% de la población activa-, y se estima que esta cifra se incremente aún más con la entrada en vigor de la Ley 32/2010, que establece por primera vez una prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Esta ley supone una mejora de la protección social de este colectivo al que la crisis ha dejado especialmente expuesto y desprotegido.
Sin embargo, desde la aprobación de esta Ley las reacciones no han parado de sucederse, ya que la medida plantea muchos interrogantes que están empañando sus buenas intenciones. Uno de los aspectos más controvertidos es la duración de la prestación, que dependerá de los periodos de cotización efectuados con anterioridad a la situación legal de cese de la actividad: se podrá cobrar, como máximo, durante un año, siempre que se haya cotizado al menos 48 meses, 12 de los cuales de forma continuada e inmediata anterior a la situación de cese de actividad. Además, deberán concurrir y acreditarse unas pérdidas en un año completo superiores al 30% de los ingresos o al 20% en dos años consecutivos (un 20% cada año).
Será a partir de 2012 cuando se empiecen a conceder las primeras prestaciones, por lo que para muchos la medida llegará demasiado tarde, ya que la destrucción de empleo entre los autónomos se está produciendo ya a un ritmo imparable a causa de la crisis.
No obstante, la viabilidad financiera de la gestión de la prestación, en los términos en que ha quedado definida, genera un alto grado de incertidumbre para los próximos años. Ante la incógnita del grado de aceptación que pueda tener entre el colectivo de trabajadores autónomos y teniendo en cuenta la evolución de los recursos por cotización y el coste de la prestación, así como el actual entorno de crisis económica, resulta más que probable que se produzca una situación de pérdidas económicas a partir del tercer año de gestión de la prestación. De hecho, y precisamente en previsión de ello, la norma ya contempla que el sistema sea revisado transcurridos dos años desde la entrada en vigor de la ley para evaluar su funcionamiento y constatar si corresponde modificar la cuantía de las prestaciones o el modelo de gestión.
Olga Forrellat. Directora de Servicios Jurídicos y Prestaciones de Egarsat