Ahorro sí, pero nada de racionalización
El Gobierno sorprendió el viernes con una nueva medida para tratar de poner orden en el descontrol eléctrico. La futura norma -con rango de real decreto-ley- conseguirá, según el Ministerio de Industria, una disminución anual de unos 1.100 millones de euros del déficit de tarifa, ahorro que cae por completo sobre las empresas. Las generadoras de electricidad, tanto las del régimen ordinario como las de energías renovables y cogeneración, pagarán un peaje de 0,5 euros por MWh con un coste total de 150 millones al año. Las distribuidoras tendrán que hacerse cargo de los planes de ahorro y eficiencia energética, actualmente financiados mediante el déficit de tarifa, y se alarga a 2013 su obligación de costear el bono social con un efecto que variará entre los 270 millones y los 150 millones anuales. Pero la peor tajada corre a cargo de las fotovoltaicas actualmente en funcionamiento, a las que se limita durante tres años las horas con derecho a prima, aunque a cambio se amplía de 25 a 28 años el periodo para cobrar ayudas. Con esta última medida, Industria aspira a reducir en 750 millones cada año el coste de esta modalidad de renovables. En total, con las diversas modificaciones que se han aprobado a lo largo de este año, la reducción del déficit de tarifa en los próximos tres años ascenderá a 4.600 millones.
El Gobierno defiende perseguir con toda esta amalgama racionalizar y contener los costes regulados del sistema eléctrico. Lo segundo se consigue -aunque con unos métodos dudosos-, pero lo primero ni de lejos, pues el modelo se sustenta en un conjunto de parches que no aciertan a solucionar el problema de fondo. La electricidad en España está profundamente viciada por el déficit de tarifa, un engendro inventado por los Gobiernos populares consistente simple y llanamente en que los clientes pagan menos de lo que cuesta la electricidad que consumen. Sin embargo, lejos de reducir tan perverso e ineficiente sistema retributivo, los Ejecutivos de Zapatero lo han cebado con su política de apoyo a las renovables endosando las ayudas a estas energías al déficit de tarifa. Estrategia que ha vuelto a utilizar para solventar el problema del exceso de carbón nacional.
Al Gobierno le falta valentía para explicar a los consumidores españoles cuánto cuesta generar la electricidad en España, desglosando una a una las fuentes utilizadas. El apoyo a las renovables es un acierto en muchos sentidos, no obstante supone un sobrecoste que es preciso dar a conocer con detalle a todos los clientes. Y, por supuesto, la fórmula más clara de que se enteren es repercutiendo la totalidad sobre la tarifa. Así se acabaría con el déficit de tarifa, aunque posiblemente le supondría al Gobierno una asonada electoral descomunal.
Pero parece que, de momento, el Gobierno no está dispuesto a escoger el camino correcto y prefiere continuar por senderos políticamente más transitables. Aun así, la norma del viernes tiene la virtud de rebajar el déficit de tarifa, aunque no soluciona el problema. Cierto que descarga a las fotovoltaicas de unas primas que parecen excesivas; sin embargo, genera una indefensión jurídica poco afortunada. Después de todo, las plantas fotovoltaicas cobran las ayudas que aprobó el Gobierno. Hubiese sido deseable que se hubiese alcanzado un acuerdo con el sector, consciente, por otra parte, de la necesidad de incluir racionalidad en el modelo retributivo que disfruta.
El peaje para las generadoras de electricidad es razonable, pues se limita a implantar un sistema que se cobra en otros países. Sin embargo, implica un coste más para las empresas que acabará repercutiendo a sus clientes, al menos, fuera de la tarifa de último recurso. Además, el montante que aportará al sistema está lejos de generar algún alivio real.
Tampoco tiene mucho sentido que repercuta a las distribuidoras con el coste de las políticas de ahorro y eficiencia energética. Las eléctricas deben invertir para evitar pérdidas durante la distribución, pero las campañas de ahorro están dentro de las decisiones políticas, al igual que el bono social. Si el Gobierno las considera oportunas, que las costee con los Presupuestos, pero que no las financie a través de las empresas o de los clientes.
