Las eléctricas pagarán peaje por el uso de las redes
El Gobierno aprobó ayer por sorpresa una reforma de los costes del sistema eléctrico que no evita la subida de la luz pero ataja el déficit de tarifa. A partir de ahora, los productores de electricidad tendrán que pagar un peaje por el uso de las redes. Se reducen en 750 millones las primas a las plantas solares fotovoltaicas en funcionamiento.
El Gobierno sorprendió ayer con la aprobación de un real decreto ley urgente de medidas para la corrección del déficit de tarifa. La norma refleja, finalmente, el recorte, infructuosamente negociado durante todo el año, de las primas de las fotovoltaicas que están en funcionamiento. Según calcula el Ministerio de Industria, supondrá un ahorro en la tarifa de acceso de 750 millones de euros anuales hasta 2013. La rebaja consiste en una reducción de horas con derecho a prima, que se endurece en los próximos tres años. A cambio, se amplía de 25 a 28 años el periodo con derecho a prima.
Otra de las medidas, ésta del todo inesperada, es el pago de un peaje por el uso de las redes de 0,5 euros por megavatio y hora (MWh), que supondrá unos ingresos para el sistema de unos 150 millones anuales y afectará a todas las productoras eléctricas. Hasta ahora, solo pagan peaje los consumidores y el objetivo es que las infraestructuras, como en el resto de Europa, la paguen también los productores. Una tercera medida completa el ajuste diseñado por el Gobierno para reducir los costes de la tarifa: se trata del pago destinado a la política de ahorro y eficiencia energética del Gobierno (la llamada E4) que, a partir de ahora, será financiado por las empresas y que supondría un ahorro, según los cálculos oficiales, de 670 millones de euros hasta 2013. En total, el Gobierno calcula que en tres años, con estas medidas se logrará una reducción de costes de 4.600 millones de euros.
Las eléctricas afectadas están atadas de pies y manos ante la nueva ley, ya que, dado su rango, solo podrá ser recurrido ante el Tribunal Constitucional por algún grupo político. Otra vía judicial que las empresas estaban ya tanteando era la de denunciar los déficit extras que permite la ley: 3.000 millones en 2010 (que se va a superar en unos mil millones) o 2.000 millones en 2011 (que la orden de tarifas de enero fija de antemano en 5.000 millones). Sin embargo, la nueva norma también cierra esta vía judicial, ya que modifica al alza estos límites hasta 5.500 millones en 2010: 2.000 millones en 2011 y 1.500 millones en 2012. Se mantiene el año 2013 como límite el déficit cero.
En cualquier caso, la subida prevista de la luz para el primer trimestre del año, que ronda el 10%, se mantendrá, ya que las reformas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros solo afectan a la tarifa de acceso, que es la que financia el déficit. Esa subida de la tarifa de último recurso (TUR) se deriva del resultado de la subasta Cesur celebrada el día 14 y de la decisión del Gobierno de aumentar un 72% las compensaciones por el consumo de carbón nacional. El secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, en un encuentro con periodistas atribuyó el incremento de costes en la tarifa a la caída de la demanda y aseguró que la parte regulada (o peajes) que dependen del Gobierno están por cerrar. Sin embargo, también la compensación del carbón es un pago regulado que depende del Gobierno y será responsable de buena parte de la subida de la luz de enero.
Con la reforma de la fotovoltaica, que "no ha sido negociada con las empresas, según Marín, se completa el círculo de las modificaciones de todo el sector de renovables, que han afectado a la eólica y la termosolar. "Con el sector fotovoltaico no ha sido posible un acuerdo", indicó Marín, quien desveló que el Partido Popular había sido informado de la nueva ley. Respecto a la supuesta retroactividad de la medida, lo importante es que "se garantiza la rentabilidad para todos los proyectos". Esta norma "es un buen legado" para su sucesor en el cargo, dijo Marín.
Patronales
Las asociaciones fotovoltaicas Asif, AEF y APPA mostraron el viernes su indignación ante los recortes calificándolos incluso de "claro atentado", según la nota de AEF. APPA aseguró en un comunicado que estas "medidas retroactivas provocarán la ruina de miles de inversores".