Trece discográficas independientes reclaman 300 millones al Gobierno por la piratería
Un total de 13 discográficas españolas han presentado reclamaciones por un valor de 300 millones de euros ante el Consejo de Ministros por la falta de cumplimiento de las obligaciones comunitarias en materia de derechos de propiedad por parte del Gobierno central.
Las reclamaciones se han llevado a cabo a título individual por cada compañía y sirven para dar continuidad a otro escrito que estas mismas discográficas entregaron en enero ante todos los departamentos del Ejecutivo, en el que los instaban a tomar medidas para frenar la piratería y proteger los derechos de los agentes de la industria.
Según un comunicado de estas empresas discográficas, la Administración no respondió a estas peticiones, por lo que las compañías han optado por reclamar al Gobierno "los daños patrimoniales sufridos en los últimos años como consecuencia del constante incremento de las vulneraciones de los derechos" de propiedad intelectual.
"Las discográficas lamentan que la falta de medidas legislativas eficaces ante tales vulneraciones les impiden reclamar los derechos que les confiere tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la propia Constitución española y, específicamente, la Ley de Propiedad Intelectual", aseguraron ayer.
Estas reclamaciones suman más de 300 millones y están fundamentadas en la falta de adopción por parte de la Administración de las obligaciones contenidas en dos directivas europeas que, según las discográficas, señalan la obligación de los Estados miembros de la Unión Europea de adoptar normativas que garanticen el respeto a los derechos de propiedad intelectual y medidas efectivas para que los titulares de estos derechos no se vean afectados por actividades ilícitas.
En opinión de estas discográficas, el marco legal español no permite a los dueños de estos derechos ningún tipo de defensa frente a las descargas de contenidos por internet. Las 13 empresas que han presentado las reclamaciones han contado con el asesoramiento del bufete de abogados Roca Junyent.